Managua, 9 dic (dpa) – Un ex jefe de la «contra» que combatió al primer gobierno de Daniel Ortega en la década de 1980 dijo hoy que «el peligro de una guerra civil es inminente» en Nicaragua, ante la falta de una solución a la crisis política que vive el país.
En entrevista al diario local «La Prensa», el médico y ganadero Enrique Zelaya (conocido en las filas antisandinistas como «doctor Henry») dijo que en zonas rurales hay grupos armados y que la opción de la guerra es alentada «por muchas fuerzas tenebrosas».
«Hay mucho rencor acumulado, hay mucho odio acumulado. Aquí el peligro de una guerra civil es inminente», aseguró.
Según el ex jefe «contra», las protestas que estallaron en abril pasado derivaron en una crisis que sigue sin resolverse porque Ortega, que volvió al poder en 2007, rechaza reanudar un diálogo con líderes sociales y empresarios opositores.
Dijo que muchos ex «contras», que entregaron las armas tras el fin de la guerra en 1990, apoyaron las recientes protestas en el campo y ahora el Ejército y la Policía «los andan buscando para cazarlos».
La guerra que azotó a Nicaragua en la década de 1980, cuando Estados Unidos financió a casi 40.000 rebeldes antisandinistas, dejó más de 20.000 muertos, heridos y lisiados, según cifras oficiales.
«A mí me llaman los rearmados (…) la gente está desesperada por las represalias que están sufriendo ellos, por todo lo que han vivido durante muchísimos años, sus familiares muertos, ellos no encuentran solución», señaló Zelaya tras aclarar que él considera que la salida al conflicto debe ser pacífica.
Agregó que Nicaragua atraviesa uno de los peores momentos de su historia. «Desgraciadamente, políticos y parte del Frente Sandinista se volvieron a aliar y de nuevo, las ansias de poder, de ser millonarios, nos vuelven a poner en el mismo campo de los años noventa», opinó.
La crisis estalló el 18 de abril con una protesta de universitarios y se agudizó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares, que dejó hasta 545 muertos, 4.000 heridos y 603 «presos políticos», según ONG de derechos humanos.
El Gobierno registra 200 muertos y 273 detenidos y atribuye el conflicto a un «intento de golpe terrorista» para desestabilizar a Ortega y a su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo.
