Santiago de Chile, 8 sep (dpa) – Los chilenos se aprestan a conmemorar este martes el 45 aniversario del golpe militar que derrocó al presidente socialista Salvador Allende (1970-1973), una de las emblemáticas fechas que siguen dividiendo al país sudamericano.
En vísperas del aniversario se reavivó en Chile la polémica por la decisión de la Justicia de poner en libertad en agosto a un grupo de siete militares, en su mayoría oficiales actualmente retirados de las Fuerzas Armadas que estaban condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La decisión pone a la Corte Suprema «al mismo nivel que estuvo durante los años de la dictadura militar», señaló la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.
Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó recientemente su «preocupación» por la resolución tomada por el más alto tribunal del país de acoger favorablemente sendos recursos de amparo de los abogados de los condenados.
«La CIDH recuerda que en relación con penas impuestas por graves violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido al deber estatal de abstenerse de recurrir a figuras que pretendan suprimir los efectos de la sentencia», señaló entonces el organismo con sede en Washington, que se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el continente.
Actualmente, alrededor de un centenar de militares y algunos civiles que integraban la temida policía secreta de Pinochet están recluidos en el penal de Punta Peuco, una cárcel especial para los condenados por violaciones de los derechos humanos ubicada en el norte de la capital, Santiago de Chile.
Para el día del aniversario, el 11 de septiembre, el Gobierno del presidente derechista Sebastián Piñera y el Congreso organizaron actos por separado, mientras que organizaciones de derechos humanos convocaron, como todos los años, a una marcha hasta el cementerio general de Santiago de Chile, donde se encuentran la tumba de Allende y un memorial que recuerda a los detenidos-desaparecidos durante el régimen castrense.
Allende se suicidó de un disparo el mismo día del golpe después del alzamiento de los militares encabezados por el general Pinochet, entonces jefe del Ejército. Como tal, ordenó atacar con tanques y bombardear con aviones de la Fuerza Aérea La Moneda, la sede del Ejecutivo chileno, en la que se encontraba el mandatario socialista, que se negaba a entregar el mando como exigían los golpistas.
Pinochet, quien jamás fue juzgado por tribunal alguno de su país por los crímenes cometidos por su régimen, fue nombrado jefe de su institución por el mismo Allende el 23 de agosto de 1973, pero 19 días más tarde dirigió la insurrección que puso fin al Gobierno socialista cuando apenas había completado la mitad de sus seis años de mandato constitucional.
Después del golpe, el nuevo régimen ordenó cerrar el Congreso, prohibió toda actividad de los partidos políticos, la circulación de la prensa, cerró radioemisoras y canales de televisión e inició una feroz persecución contra funcionarios y adherentes del derrocado Gobierno.
Varios miles de personas fueron a parar a los campos de concentración (el Estadio Nacional y Villa Grimaldi, entre otros) abiertos por la dictadura a lo largo y ancho del país, donde fueron torturados o asesinados. Todavía hay muchos que, a la fecha, figuran como detenidos-desaparecidos.
El régimen de Pinochet acabó el 11 de marzo de 1990, después de su derrota en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, al que convocó con el objetivo de que los chilenos le extendieran su «mandato» por ocho años más, hasta 1998. Un 56 por ciento, sin embargo, lo rechazó, mientras que un 44 por ciento lo apoyó.
El resultado adverso para la dictadura dio paso a la celebración de las primeras elecciones presidenciales libres en 20 años, que ganó la oposición al régimen encabezada por el ya fallecido presidente demócrata cristiano Patricio Aylwin, que gobernó entre 1990 y 1996.
Uno de los temas más sensibles que debieron abordar a partir de entonces los gobiernos democráticos ha sido el de las graves violaciones de los derechos humanos. Informes oficiales, elaborados tras el término de la dictadura, establecieron que unas 3.500 personas desaparecieron o fueron ejecutadas por agentes del Estado y otras 35.000 sufrieron torturas. Por otro lado, miles de chilenos debieron partir al exilio en busca de refugio.
Ironía o no, Pinochet, que una vez dijo que Dios lo puso en el poder y que al morir se iría directo al cielo, falleció a los 91 años en 2006, un 10 de diciembre, cuando el mundo conmemora el Día de los Derechos Humanos.
Acérrimos partidarios suyos, como el senador Iván Moreira, de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI) y que forma actualmente parte de la coalición que respalda al presidente Piñera, sigue considerando que Pinochet «salvó al país del comunismo».
Por Carlos Dorat (dpa)
