Un año del 1-O: Movilizaciones y división en el separatismo catalán

Barcelona/Madrid, 1 oct (dpa) – El primer aniversario del referéndum independentista ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017, que abrió una crisis institucional sin precedentes en España, quedó hoy marcado por numerosas acciones de protesta y una multitudinaria manifestación para reclamar la secesión de la región española.

A lo largo de la jornada, grupos de separatistas radicales, los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), cortaron calles y vías de tren y arrojaron huevos y pintura a varias sedes del Gobierno central en la región española.

El jefe del Gobierno catalán, el independentista Quim Torra, apoyó sus acciones: «Apretad, hacéis bien en apretar», los incitó.

Sin embargo, su gesto no logró seducir a los activistas, que pidieron la renuncia del «president» por no haber materializado la secesión un año después del referéndum y por haber permitido el pasado sábado que la policía catalana interviniera contra separatistas que intentaban «reventar» una manifestación de las fuerzas de seguridad españolas.

«Desobedeced» o «Torra dimisión» han sido algunos de los gritos que se han escuchado en las protestas convocadas.

La jornada de hoy fue intensa en Cataluña. Los CDR ocuparon por la mañana las vías del tren de alta velocidad en la ciudad de Gerona y cortaron el servicio, lo que dejó varados durante varias horas a cientos de viajeros. También interrumpieron el tráfico en calles céntricas de Barcelona y en carreteras de la región.

Actuaron además contra algunas de las sedes del Gobierno central. En la ciudad de Gerona, un grupo entró en el edificio por la fuerza y reemplazó la bandera española por una independentista catalana.

Los CDR, nacidos al calor del referéndum soberanista de hace un año, habían anunciado «acciones sorpresa» en el primer aniversario de uno de los días más convulsos en la historia reciente de España.

El inusual aval de un presidente regional a acciones callejeras de desobediencia indignó a los partidos antiindependentistas.

«Cataluña está presidida por un cabecilla de un comando independentista y el Gobierno de España, por una persona que lo blanquea», dijo la jefa de la oposición en la región y líder del partido liberal Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien criticó el perfil bajo del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante estas acciones.

El líder del Partido Popular (PP), el conservador Pablo Casado, fue más allá y pidió actuar contra las formaciones que, a su juicio, «están alentando la violencia» o «incitando la confrontación civil».

Torra comenzó hoy la jornada con un mensaje institucional en el que consideró el referéndum «la semilla constituyente de la república catalana». El líder secesionista llamó a «defender hasta el final los días que vendrán».

Ya por la tarde, unas 180.000 personas -según la Guardia Urbana- secundaron la manifestación principal en Barcelona bajo el lema «Recuperem l’1 d’octubre» (Recuperemos el 1 de octubre).

En la marcha se escucharon gritos como «1 de octubre, ni olvido ni perdón» y «Libertad para los presos políticos» y se exhibieron banderas independentistas, urnas de plástico como las utilizadas en la consulta de hace un año y lazos amarillos, símbolo adoptado para pedir la excarcelación de los separatistas presos provisionalmente.

Desde el centro de Barcelona, donde los manifestantes desplegaron una pancarta con el texto en inglés «La autodeterminación es un derecho humano», avanzaron hacia el Parlamento catalán, donde les esperaban Quim Torra y el presidente de la cámara regional, Roger Torrent.

Fue allí, al término de la marcha, donde se vivieron algunos de los momentos más tensos de la jornada. La Policía catalana (Mossos d’Esquadra) intervino con porras y proyectiles viscoelásticos para tratar de disolver al medio millar de personas que había traspasado el cordón de seguridad y se agolpaba a las puertas del «Parlament» reivindicando una república catalana independiente.

En otro punto de la capital catalana, ante una comisaría de Policía, los Mossos también disolvieron otra concentración en la que los manifestantes protestaron y lanzaron objetos contra los agentes.

El 1 de octubre de 2017, el Gobierno catalán organizó un referéndum independentista pese a que había sido declarado ilegal por la Justicia y a que no está previsto en la Constitución. La jornada acabó con cientos de heridos y violentas escenas por choques entre votantes y policías que tenían orden de impedir la votación.

A pesar de que fue boicoteado por los antiindependentistas y de que se realizó sin garantías ni reconocimiento nacional o internacional, el entonces presidente catalán Carles Puigdemont lo tomó como un «mandato» para declarar la independencia el 27 de octubre.

El Gobierno central en Madrid, entonces presidido por el conservador Mariano Rajoy, respondió ese mismo día destituyendo a Puigdemont y su Ejecutivo. La Justicia procesó a 25 líderes independentistas debido a la consulta, nueve de ellos en prisión preventiva y siete fugados al extranjero, entre ellos Puigdemont.

Además de abrir una crisis institucional aún sin solución a la vista, el plan soberanista y la respuesta del Estado polarizaron a la sociedad catalana, hoy dividida en dos mitades con poco margen de diálogo. La tensión y la «grieta» social llegaron a plasmarse en discusiones e incidentes incluso físicos en las calles de la región.

Siguiendo la política de distensión iniciada por el socialista de Pedro Sánchez desde que asumió el Gobierno en junio, la portavoz del nuevo Ejecutivo, Isabel Celáa, consideró hoy un «error» la acción policial ordenada por Rajoy durante el referéndum y lamentó las «imágenes penosas» que dejó esa jornada.

«El 1 de octubre es un día de triste memoria. No hay nada que celebrar», añadió. La portavoz sostuvo también que el referéndum acabó con el imaginario independentista y estrelló al separatismo con la realidad. Celáa pidió por eso al Gobierno catalán que acabe con su retórica de confrontación y «se atienda a los hechos».

A pesar de que el independentismo gobierna la región gracias a que suma mayoría de escaños en el parlamento regional, algo más de la mitad de población catalana rechaza la independencia. El partido Ciudadanos fue el más votado en las elecciones de diciembre.

Por Pablo Sanguinetti y Ana Lázaro (dpa)