Un año de cuando Cataluña se declaró independiente

Barcelona/Madrid, 25 oct (dpa) – España vivió dos hitos históricos en pocas horas el 27 de octubre de 2017: el Parlamento catalán aprobó crear una república independiente y el Gobierno central respondió interviniendo la región. Un año después, los coletazos de esa tarde convulsa dominan aún la vida política, social y judicial del país.

No es que el «choque de trenes» llegara por sorpresa. El entonces Gobierno catalán de Carles Puigdemont y el español de Mariano Rajoy llevaban semanas jugando un delicado ajedrez político que iba acumulando la tensión. Pero ese largo preparativo volvió aún más traumático su desenlace explosivo.

Poco antes de las 15:30 horas, la mayoría independentista en el Parlamento regional catalán aprobaba una resolución que rezaba: «Constituimos la república catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social». La solución dialogada que pedían muchos volaba por los aires.

Media hora más tarde, el Senado español en Madrid respaldaba la intervención de la autonomía de Cataluña por parte del Gobierno de Rajoy, que por la noche ordenó dar ese paso -inédito en 40 años de democracia-, destituyó a Puigdemont y todo su gabinete y convocó elecciones autonómicas en la región para el 21 de diciembre.

«Estamos viviendo hoy una jornada triste en la que la sinrazón se ha impuesto a la ley y ha derribado la democracia en Cataluña», sostuvo el líder conservador, que justificó las medidas como un modo de responder al «secuestro inadmisible a la mayoría de los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al conjunto de los españoles».

La crisis había alcanzado ya un primer punto de no retorno el 1 de octubre, cuando el Gobierno de Puigdemont celebró un referéndum de autodeterminación incompatible con la Constitución, declarado ilegal por la Justicia, boicoteado por los detractores de la independencia -media Cataluña- y no reconocido por ningún país.

A pesar de esas carencias y de que la consulta se realizó sin garantías y en medio de choques entre votantes y policías que tenían orden de impedirla, Puigdemont interpretó el previsible triunfo del «sí» a la ruptura con España como un «mandato» para declarar la independencia.

Comenzaron entonces semanas de negociaciones, amenazas, gestos y manifestaciones callejeras masivas de ambas partes que fueron conminando a Madrid y a Barcelona al choque final.

La situación pudo haberse descomprimido el 26 de octubre, cuando Puigdemont pareció decidido a convocar elecciones en Cataluña y evitar el salto al vacío, pero la presión de los sectores más radicales del soberanismo terminó por imponerse y, un día más tarde, el Parlamento culminó el plan separatista.

«Vienen horas en las que tendremos que mantener el pulso de este país», dijo el Puigdemont tras la declaración de independencia. «Tendremos que mantenerlo en el terreno de la paz, el civismo y la dignidad».

Pero lo cierto es que esa misma noche pareció extinguirse cualquier señal que reflejara la supuesta «república catalana». La comunidad internacional en bloque apoyó la unidad de España -desde Estados Unidos a los socios europeos, pasando por organismos como la ONU y la OTAN- y Puigdemont huyó a Bruselas ese mismo fin de semana.

Un año después, el panorama es bien diferente. Rajoy fue relevado en el Gobierno español por el socialista Pedro Sánchez, en Cataluña gobierna el secesionista Quim Torra y la Justicia procesó a 25 responsables del plan independentista, de los cuales nueve están en prisión preventiva y siete fugados, incluido Puigdemont.

En el soberanismo se ha abierto una grieta sobre el modo de avanzar hacia la independencia y algunas voces relativizan abiertamente la seriedad de la declaración de hace un año. «Fue un poco un brindis al Sol», dijo la semana pasada Clara Ponsatí, ex consejera (ministra regional) de Puigdemont también procesada.

Incluso el Partido Demócrata Europeo Catalán​​ (PDeCAT) de Puigdemont reconoce que la vía unilateral fue equivocada. «La desobediencia continuada del día a día y de la unilateralidad continua… creo que se ha demostrado que no somos suficientes ni tenemos mecanismos para implantarlo», admitió este mes su presidente, David Bonvehí.

La salida de Rajoy y del PP del Gobierno y la llegada de Sánchez al poder, gracias a una moción de censura que contó con el apoyo decisivo de los propios partidos independentistas, reactivó además el diálogo con las autoridades catalanas a diversos niveles. Pero el cambio de escenario no desactivó la crisis.

La sociedad catalana sigue dividida en dos mitades ante la independencia, la apertura de los juicios a los políticos soberanistas promete nuevos picos de tensión los próximos meses y Torra planteó un nuevo ultimátum a Sánchez: si no le propone hasta noviembre un referéndum en Cataluña, le quitará el apoyo necesario para sacar adelante proyectos clave, como los presupuestos.

Superado uno de los años más agitados en la historia reciente de España, la situación parece estancada, aunque al mismo tiempo todo haya cambiado. Esa percepción de muchos ciudadanos, la de una interminable sucesión de «hitos históricos» sin efecto real, es tal vez la herencia más clara de la escalada independentista en Cataluña.

Por Pablo Sanguinetti (dpa)