Tres claves de la renuncia de Álvaro Uribe al Senado colombiano

Bogota

BogotaBogotá, 25 jul (dpa) – El panorama político colombiano se encuentra altamente agitado por el anuncio que hizo este martes el ex presidente Álvaro Uribe de renunciar al Senado, a apenas cuatro días del inicio de una nueva legislatura, debido a que fue citado a declarar por la Corte Suprema en una investigación en su contra.

Para algunos sectores esta decisión obedece a que Uribe, quien gobernó el país entre 2002 y 2010, debe preparar su defensa en el tribunal, pero otros apuntan a que no es más que una jugada política para evitar ser juzgado por la Corte.

¿Quiénes piden que Uribe se quede en el Senado?

Una vez Uribe presente su carta de renuncia, lo que aún no ha hecho, el Senado debe reunirse para decidir si acepta la dimisión. Su partido Centro Democrático expresó en un comunicado que “reitera su absoluto respaldo” al político, pero solicitó que “pese a las infamias, permanezca en su tarea de defender la democracia desde el Congreso”.

Los miembros del partido de derecha radical no fueron los únicos que hicieron esa solicitud. Uno de los principales críticos de Uribe, el senador izquierdista Gustavo Petro, quien el mes pasado perdió las elecciones presidenciales ante Iván Duque, un pupilo del ex presidente, se unió al pedido.

“Me junto al Centro Democrático y solicito a Álvaro Uribe no renunciar al Senado y respetar la Corte Suprema de Justicia. Le solicito al Senado no aceptar la renuncia. El que nada hace, nada teme; el que la hace, la paga”, indicó.

Y es que según algunos abogados expertos en la materia, la renuncia de Uribe no respondería a sentirse “moralmente impedido”, como él indicó, sino a una jugada para que, una vez no sea congresista, la Corte Suprema de Justicia pierda la competencia para continuar juzgándolo.

¿Pierde la Corte Suprema de Justicia la competencia?

En el alto tribunal las opiniones están divididas. Para el ex magistrado Alfredo Gómez, la Corte sólo puede investigar y juzgar a un congresista al cual se le atribuya un delito mientras ostente esa investidura, pero aclaró que se puede estudiar si el presunto delito tuvo relación con su posición como parlamentario.

“En este evento específico que sucede, si el Congreso acepta la renuncia, pues la Corte va a tener que examinar si el soborno y el fraude procesal tiene relación con la función de senador, si aprovechó la investidura para la presunta comisión de esos hechos”, dijo Gómez al diario “El Espectador”.

De otro lado, para el ex fiscal general Guillermo Mendoza Diago, la investigación a Uribe debería pasar a ese organismo porque son delitos comunes. “No hacen parte de las infracciones a los deberes como el peculado, el prevaricato, los delitos contra la administración pública”, indicó.

En contraste, el jurista Francisco Bernate dijo a RCN Radio que “las personas no pueden escoger su propio juez, se sostiene la tesis de que no puede la renuncia modificar el fuero y por ende este caso lo va a investigar la Corte”.

¿Por qué está siendo investigado Uribe?

El caso se remonta a 2012, cuando el senador izquierdista Iván Cepeda, uno de los principales opositores políticos de Uribe, acusó al ex presidente de tener vínculos con grupos paramilitares de ultraderecha desde antes de haber ejercido como jefe de Estado.

Uribe demandó entonces a Cepeda con el argumento de que éste buscó a paramilitares presos para que declararan en su contra.

La Corte Suprema cerró en febrero pasado esa investigación con un giro radical, pues concluyó que Cepeda no presionó a testigos y que, por el contrario, Uribe sí lo habría hecho para que paramilitares presos declarasen contra el líder de izquierda.

El tribunal supremo señaló que por este caso el ex presidente será llamado a declarar en un proceso por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

Durante la gestión de Uribe como presidente se hicieron numerosas denuncias en su contra por presuntos nexos con paramilitares ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de iniciar investigaciones contra el jefe del Estado en Colombia, pero en ningún caso esa célula tomó decisiones de fondo. Según la prensa local, allí reposan 51 procesos activos por este y otros hechos que empañan la carrera política del ex mandatario.

Por Giuceppe Palacino (dpa)