Madrid, 26 nov (EFE).- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha denunciado hoy que algunos de los medios personales y humanos de la lucha contra la corrupción no están a disposición de la Fiscalía, sino que dependen de otras instancias administrativas que, en ocasiones, son objeto de la investigación.
Esta es una de las conclusiones que ha expuesto Torres-Dulce ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha presentado la memoria anual de la Fiscalía General de 2013.
Salvo en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, «los medios personales y humanos no están a disposición de la Fiscalía o la Administración de Justicia, sino dependiendo de otras instancias administrativas que, incluso, algunos casos, son objeto de la propia investigación», ha apuntado el fiscal general.
Así, ha abogado por un modelo estructural para luchar contra la corrupción mediante mecanismos de control administrativo y político junto a una mayor dotación de medios materiales, personales y normativos.
Torres-Dulce ha hecho suya la preocupación de la sociedad ante el aumento del número de casos de corrupción, lo que afecta a la administración de Justicia «al quedar en evidencia cuando no es capaz de dar una respuesta adecuada al fenómeno».
Ha advertido de que si no se combate con contundencia, la corrupción puede generalizarse en la sociedad, de ahí que abogue por una mayor dotación de las fiscalías provinciales donde se ventilan más del 80 % de las causas de corrupción.
La situación en las provincias, ha dicho, es «descorazonadora» y la tramitación resulta «una tarea titánica» y, en muchos casos, «abocada al fracaso».
En su intervención, ha anunciado también la creación de Secciones Especializadas de Investigación en las Fiscalías de mayor tamaño, que se encargarán de aquellos asuntos de mayor complejidad que exijan un especial impulso en la instrucción.
Esta medida responde al «inadecuado» modelo basado en investigaciones policiales dirigidas por el juez instructor con intervención puntual del fiscal, quien tendrá «un papel investigador creciente en el futuro».
También se ha constituido un grupo de estudio para extender el enjuiciamiento rápido de delitos y una comisión mixta con el Consejo General del Poder Judicial para reflexionar sobre los juicios de faltas y la gestión de los atestados policiales.
Asimismo, ha instado a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dotar de habilitación legal clara a determinadas técnicas de investigación, sobre todo en el campo de las comunicaciones
Se ha referido así a la sentencia del Tribunal Constitucional que dice que la decisión judicial motivada de interceptación de las conversaciones del detenido en la celda carece de norma legal de cobertura, lo que a su juicio «suscita la necesidad de una urgente reforma legal».
No poder practicar este tipo de diligencias de investigación, «limita gravemente las posibilidades de llegar a esclarecer la verdad en muchos delitos graves», ha asegurado.
Torres-Dulce ha pedido además que se aumente el número de fiscales y no solo el de jueces al recordar que desde 2011 se han ofertado 755 plazas para jueces frente a las 349 correspondientes a fiscales.
