Madrid, 14 may (EFE).- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado hoy que si el PSOE hubiera estado en su situación también habría «hecho caso» al Tribunal Supremo (TS) y hubiera ordenado el cierre de 9 de los 24 canales de TDT porque, ha dicho, «los autos del Supremo hay que cumplirlos».
Soria se ha expresado así en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que el diputado del PSOE Juan Luis Gordo ha acusado al Ejecutivo de estar «modificando las reglas del juego sin diálogo y sin consenso» y de «parapetarse» en la resolución del TS para «manipular los medios públicos y coartar a los privados en beneficio propio».
Tras recordar que la «adjudicación directa» de los 9 canales que se han cerrado la semana pasada tuvo lugar en 2010, cuando «otro Gobierno había en España», y que se hizo «al margen» de lo que establecía en ese momento la Ley de Comunicación Audiovisual, Soria ha dicho que entonces «no pasó nada» hasta que una empresa recurrió.
Dos años después, ha añadido, el Supremo estableció que ese proceso fue «ilegal» y por ello, a lo largo de 2013, el Gobierno «ha estado hablando» con el sector para que no se produjera el apagado hasta que se aprobara el plan del dividendo digital, que conlleva la migración de algunas frecuencias «donde hoy hay canales de televisión» para que las utilicen las operadoras para ofrecer 4G.
Según Soria, el apagado se ha «condicionado» al despliegue del citado plan hasta que hace dos meses el TS pidió «el nombre y apellido de la persona responsable de proceder al apagado» y advirtió de las «sanciones económicas» que supondría no ordenarlo.
«Yo creo que usted en mi caso hubiese hecho exactamente lo mismo porque le podrán gustar más o menos, pero los autos del Supremo hay que cumplirlos», ha concluido.
Para Gordo, la «inacción» del Ejecutivo en este asunto «esconde los intereses de terceros que no están en la TDT» pero también sus «intereses ideológicos», y ha asegurado que la oferta de la Televisión Digital Terrestre y el reparto de licencias es una «cuestión de Estado» porque defiende el derecho fundamental a la información.
«Apostamos por el pluralismo, la defensa de los intereses de los ciudadanos y por la seguridad jurídica», ha añadido Gordo, que ha mostrado su disposición para intentar «llegar a un acuerdo entre todos».
