ex gerente de Almacenes Pumarín, Apsa, Alfonso Carlos Sánchez, se ha presentado este miércoles en el juicio del caso Marea como una víctima de la Administración regional y ha asegurado que «se arrepiente de haber sido el tonto útil y que se hayan aprovechado de él».
«Tras casi 40 años trabajando mi patrimonio es una casa de aldea y medio piso. Me arrepiento de haber sido un tonto útil y que se hayan aprovechado de mi. Me parece increíble que el Principado esté como acusación siendo el ente que me utilizó, engañó y me arruinó la vida», ha dicho Sánchez, que se ha mostrado muy crítico con la forma de proceder de la Administración regional.
El gerente de Apsa ha negado todas las acusaciones que le atribuye Fiscalía y ha asegurado que para robar mercancía «no hubiera necesitado de 135 personas», en relación a sus empleados. Así, preguntado por su abogado si ofreció liberalidades a cambio de contratos ha asegurado que «si alguna vez pagó algo, que no lo sabe, fue totalmente engañado».
«Si alguna vez pague una cosa, que no lo se, fue totalmente engañado. Una empresa que está facturando en media España con todo tipo de gobiernos solo tiene problemas es en el Principado, que causalidad» ha dicho el procesado que ha culpado de todo lo ocurrido a la Administración regional. «Nos cerró la empresa, nos hundió. Considero al Principado de Asturias responsable de todo lo que me pasó a mi, a mi empresa y a mis empleados», dijo el procesado que ha pedido «perdón si ofende a alguien» con sus explicaciones.
Ha reconocido que su empresa, a petición del Principado, hizo facturas por conceptos que finalmente eran diferentes a los finales. Así ha explicado que para facturar a veces les decían que no había partida presupuestaria por lo que les pedían que facturasen por otro concepto.
«Por los remanentes de tesorería, para no perder ese dinero, nos pedían a veces unas facturas y al año siguiente nos pedían material que no siempre coincidía», ha explicado el empresario que aseguró que la empresa recibía por tanto un dinero de la Administración que después empleaba en pagar lo que le pedía la Administración.
«Con ese dinero yo hacía lo que me mandaban. Yo soy un mandado. A veces me pedían cosas sobre todo para Presidencia. O de repente no había partida presupuestaria en Educación y aparecía sin más. Yo no tengo capacidad para explicar el destino de esas compras», ha dicho.
No obstante ha asegurado que «nunca creyó que estuviesen haciendo algo ilegal». Así ha insistido en que lo que decía la administración iba a misa. «A mi se me engañó como empresa», ha reiterado.
CAOS E IMPROVISACIÓN
El empresario ha insistido en el «caos y la improvisación» en la manera de actuar del Principado con los contratos menores, una situación que ha asegurado se extendía más allá de la consejería de Educación y era común a toda la Administración, cosa que a su juicio no pasaba en otras comunidades donde trabajaba su empresa.
El acusado ha reiterado que el y su empresa eran «sólo unos mandados» y lo ocurrido fue producto «de un desastre total del Principado» que utilizó a las empresas. «La responsabilidad es Dirección general de infraestructuras de la consejería de Educación», ha dicho Sánchez que ha manifestado que el almacén de la la Arquera, en Llanes «era para el centro logístico del oriente de la consejería de Educación».
«Ayer escuché en esta sala que el centro de la Arquera era un chamizo y tururu, tururu. Allí se llevaba mucho material. Se hacía lo que nos decía la directora de Educación -la también acusada María Jesús Otero– y la mercancía se mandaba donde ella decía. Había muchísimos cambios de pedidos, pedía primero una cosa luego la sustituía por otra, pero nosotros sólo lo hacíamos porque ellos mandaban», ha dicho Sánchez que ha indicado que pese a que en ese centro se servía mucho material no veían nada raro en ello.
Ha explicado que su empresa sólo tenía que ponerse en contacto con la funcionaria Carmen Priede, que era la que allí estaba y entregar lo que se les pedía. Ha explicado que su empresa era un mero proveedor que lo que quería era vender, por o que no comprobaban ni sabían las necesidades del Principado.
El acusado ha respondido únicamente a preguntas de su abogado, Javier Dapena, y ha reconocido que «a instancias de la Administración a veces presentaban tres presupuestos a un concurso». Ha asegurado que entiende que haya empresas que se sientan perjudicados porque «el también se sintió en la Universidad laboral donde lo vendió todo Codisa».
Sánchez ha asegurado que no tenía ni capacidad ni atribuciones para hacer contratos y ha explicado la estructura de su empresa que llegó a tener unos 40 comerciales que operaban no sólo en Asturias sino en diferentes puntos de España y cada uno de los comerciales tenía numerosos clientes. Así ha explicado que su función era revisar la labor de esos comerciales pero «lo hacía muy por encima por la gran cantidad de clientes».
En este sentido ha indicado que algunos de sus comerciales se quedaban con dinero. «Los comerciales somos personas a veces anárquicas. El caso de Miguel Cuesta, –comercial ya fallecido al que funcionarios le han acusado de venderles tarjetas de El Corte Inglés– era especial. Pasa como en hostelería que a veces falta dinero», ha dicho.
Sánchez ha manifestado que es cierto que a veces remuneraban a los mejores comerciales que cumplían sus objetivos con tarjetas comerciales, no sólo al ya fallecido Miguel Cuesta, sino a todos los que lo cumplían. Gran comercial, de los mejores y más veteranos pero acabó así. Ha indicado que hay otros comerciales que están vivos y serán llamados a declarar.
Ha relatado la historia de la empresa fundada por su padre, fallecido en 2008, y que derivó en Almacenes Pumarín, en la que ocupó el cargo de Administrador único desde 1997. «Yo estaba en la calle visitando clientes pero no tengo conocimientos para llevar la contabilidad y administración», ha dicho Sánchez, que además ha negado tratar con proveedores y también con los bancos.
A preguntas de su abogado ha manifestado que en Asturias tenían varios competidores como el Corte Inglés o Clarín entre otros, pero el principal era Igrafo porque ofrecían los mismos productos. «Siempre pongo el mismo ejemplo, Coca Cola o Pepsi Cola», ha dicho para comparar sus productos con los de Igrafo. Además ha calificado de «correcta sin más» su relación con el gerente de Igrafo, Victor Muñiz.
RELACIÓN CON RENEDO
Sobre su relación con Marta Renedo, la funcionaria acusada, ha manifestado que habló con ella por primera vez este lunes al salir del juzgado. «Nunca en la vida había hablado con ella, yo tenía un comercial que la visitaba. Nunca había hablado con ella ni la conocía», ha dicho.
Sánchez, que únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado, Javier Dapena, ha declarado , tras el ex gerente de Igrafo, en esta nueva sesión del juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Anteriormente, el pasado lunes, han prestado declaración los también acusados Marta Renedo, el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general, María Jesús Otero y la funcionaria María Paz Pendás.
El empresario se enfrenta a una pena de nueve años de prisión y una multa de 1,9 millones de euros. Sánchez está acusado de delitos de cohecho y falsificación, así como presunto autor de un delito de fraude, exacciones ilegales y malversación como cooperador necesario.
