Madrid, 9 dic (EFE).- La Plataforma por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo ha asegurado hoy que la futura ley de seguridad ciudadana «vulnera» sus derechos fundamentales, porque tendrán que ejercer en lugares más alejados y negociar las condiciones del servicio sexual de manera más rápida y clandestina.
En un comunicado, esta organización se queja de que, en cuanto a su ámbito de trabajo, el anteproyecto «criminaliza al colectivo de personas que ejercen la prostitución».
Pese a que el Gobierno ha argumentado que se trata de una ley que «solo» castigaría al cliente, este colectivo considera que «son las trabajadoras del sexo, que captan su clientela en los espacios públicos, quienes serán penalizadas de manera más severa».
«Podrán ser acusadas de desobediencia o resistencia a la autoridad, con graves consecuencias en sus vidas. Así queda explicitado en los artículos 36.11 y 36.6», precisa.
Desde la Plataforma denuncian que la ejecución de este anteproyecto se traducirá en «persecución y acoso, que lejos de solucionar ningún problema social, de convivencia o de seguridad ciudadana, empeorará más si cabe las condiciones en las que se ejerce esta actividad».
«Contribuirá al aumento de la vulnerabilidad porque se verán obligadas a ejercer en lugares más alejados y a negociar las condiciones del servicio sexual de manera más rápida y clandestina, lo que supondrá una pérdida de control en la negociación del preservativo, el precio, las prácticas, etc..», prosigue.
Para este colectivo, la nueva ley vulnera derechos fundamentales reflejados en la Constitución y, a su vez, penaliza una actividad que «no es delito en el Estado español, ya que ni ejercer la prostitución, ni solicitar servicios sexuales remunerados están tipificados como tales en el Código Penal».
Todo esto generará, en opinión de las trabajadoras del sexo, un clima de «inseguridad e indefensión» y, por tanto, incrementará la vulnerabilidad ante cualquier tipo de violencia.
Siendo sus consecuencias «mucho más graves» cuando afecten a personas que puedan ser víctimas de trata o de cualquier otra violencia machista, «sobre las que el Estado tiene una responsabilidad directa».
«Esta ley de protección de la seguridad ciudadana sienta las bases de la prohibición de la prostitución en el espacio público, favoreciendo solamente los intereses de los empresarios de los locales, donde las mujeres carecen de cualquier ley que proteja sus derechos, dado que no existe un reconocimiento de la prostitución como trabajo», concluye.
