El secretario general, Pedro Sánchez, presentó en Ferraz la propuesta presupuestaria alternativa del PSOE para 2018, que calificó como “un nuevo contrato social” con el objetivo de conseguir un país mejor en el que haya “crecimiento, justicia social y sostenibilidad principalmente medioambiental” y que “beneficiaría de manera directa a cerca de 16.2000 personas, 3,5 millones de ellas, jóvenes”.
Así lo aseguró en rueda de prensa en Ferraz, después de que la Comisión Permanente del PSOE aprobara esos presupuestos alternativos, que van a servir para sustanciar la enmienda a la totalidad de los socialistas al proyecto de ley de PGE presentado por el Gobierno.
Sánchez avanzó que el PSOE plantea una propuesta “moderadamente expansiva”, que aúna “ambición y realismo” y que “nos acerca a Europa”. “Un proyecto de país con el espiritu progresista, europeísta y modernizador que necesita nuestro país para hacer un país mejor”, destacó.
Durante la comparecencia, el secretario general explicó que la propuesta socialista plantea un aumento presupuestario de en torno a 8.0000 millones de euros sobre lo establecido en el anteproyecto de ley de PGE, de los que 2.500, el 30%, provendrían del ahorro público, es decir, de la eficiencia en el gasto público; 1.500 millones en fraude fiscal, y el resto, en torno a 6.000 millones, en imposición. Sánchez explicó que esos impuestos van claramente dirigidos “a la rentas más altas y a los grupos empresariales que ahora mismo no tributan lo que deberían, en comparación con un trabajador o autónomo”. En concreto, se plantea asegurar un mínimo al 15% en el impuesto de sociedades y subir el tipo en el IRPF para aquellos “para aquellos que gane más de 150.000 euros”.
Asimismo, insistió en que la inversión pública en esta propuesta económica va destinada fundamentalmente a tres aspectos: “crecimiento, justicia social y sostenibilidad ambiental”.
En cuanto a medidas concretas, avanzó que el PSOE plantea aumentar la inversión en I+D+I, con el horizonte de que en tres años represente en torno al 2,5% de los PGE; una apuesta decidida por las políticas activas de empleo; aumentar el 35% el presupuesto del Ministerio de Educación, lo que se traduciría en aumentar la partida de becas hasta llegar a 300.000 estudiantes y crear 106.000 nuevas plazas públicas para niños de 0-3 años; crear unos 52.000 pisos en alquiler para la gente joven; recuperar las cotizaciones de la Seguridad Social para mayores de 52 años parados y parados de larga duración; mejoras en la cobertura para los parados de larga duración; apuesta decidida por la igualdad de género, y elevar el permiso de paternidad a 6 semanas y ofrecer un horizonte de mejora de la prestación no contributiva de maternidad, entre otras propuestas.
