Madrid, 3 sep (dpa) – Superada la pausa estival de agosto, la política española entró hoy de lleno en un nuevo curso marcado desde el primer momento por el desafío independentista en Cataluña y por las dificultades del socialista Pedro Sánchez para implementar sus planes de Gobierno sin mayoría en el Congreso.
El presidente regional catalán, el independentista Quim Torra, presentará mañana martes en una conferencia la estrategia de su Gobierno para seguir forzando la ruptura con España, pero hoy adelantó ya que está dispuesto a «llegar hasta el final».
«Mi único límite es el Parlament de Cataluña», avisó en una entrevista con el canal público regional TV3 sobre nuevos pasos unilaterales o ilegales. Torra, que insiste mientras tanto en pedir diálogo a Madrid, había llamado ya en agosto a «atacar» a un «Estado español injusto».
La prensa habla por eso de un «otoño caliente» con tensión en Cataluña sobre todo en tres momentos cruciales: el primer aniversario del referéndum independentista del 1 octubre de 2017, la tradicional marcha soberanista del 11 de septiembre en la región y los juicios a los políticos procesados por el plan secesionista.
El referéndum ilegal acabó con cientos de heridos en choques con los policías que tenían orden de impedir la votación y abrió una crisis institucional sin precedentes en España. Pese a la falta de garantías mínimas y de reconocimiento nacional o internacional, el soberanismo lo ve como un hito en el camino a la independencia.
Durante una entrevista conjunta con su antecesor, Carles Puigdemont, Torra prometió por eso este domingo al diario «Punt Avui» una conmemoración reivindicativa del referéndum, el «momento fundacional de la república catalana», y adelantó que habrá actos institucionales «emocionantes».
También volvió a acusar a la democracia española de dictatorial debido a su intento de impedir la celebración del referéndum el año pasado. La reacción de Madrid, sostuvo, prueba «hasta qué punto hay una concepción totalitaria en gran parte del Estado español de resolver una cuestión democrática como plantea Cataluña».
El segundo frente que caldeará el ambiente serán los juicios a los 25 políticos procesados por rebelión, sedición o desobediencia debido al plan independentista. Siete de ellos huyeron de España, entre ellos Puigdemont, pero los otros 17 podrían comenzar a ser juzgados o incluso conocer ya sus condenas hacia fin de año.
Torra tachó de «farsa» los juicios a los procesados, que el independentismo considera «presos políticos», y adelantó que su Gobierno no acatará las penas que les imponga la Justicia. «No podemos ir contra nuestras conciencias ni aceptar sentencias de juicios injustos», dijo el fin de semana.
Por todo eso, el presidente regional catalán pidió a la sociedad que «vuelva a la calle para dar fuerza a la república catalana» el 11 de septiembre, día regional de Cataluña convertido los últimos años en jornada de reivindicación independentista con marchas masivas. Más de 170.000 personas se inscribieron ya para la de este año.
El clima en Cataluña volvió a enrarecerse en realidad ya durante el verano (boreal) por diversos incidentes que llegaron a agresiones físicas entre partidarios y detractores de la independencia -la mitad de la población catalana- por los lazos amarillos colocados en calles y fachadas como símbolo de apoyo a los secesionistas presos.
«Cataluña está rota, hay un conflicto social muy evidente», describió la antiindependentista Inés Arrimadas, ganadora de las elecciones catalanas de diciembre y jefa de la oposición a Torra, en una entrevista con el diario «El País». «Los que niegan que lo hay o no viven en Cataluña o no quieren ver a media Cataluña».
La crisis plantea el mayor desafío para Pedro Sánchez desde que llegó al Gobierno en junio mediante una moción de censura que tumbó al conservador Mariano Rajoy. El socialista intentó enfriar la tensión con varios gestos y recibió a Torra en Madrid, pero los soberanistas aclaran que no están dispuestos a renunciar a la autodeterminación.
En una entrevista con la radio Cadena Ser, el mandatario aseguró hoy que su Gobierno volvería a intervenir la autonomía de Cataluña si se produjeran actos de desobediencia, como ocurrió el año pasado, pero insistió en el «diálogo institucional» y en la urgencia de acabar «con la dinámica de bloques» en la región.
La situación es especialmente compleja para Sánchez porque su Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tiene apenas 84 de los 350 diputados en el Congreso y necesita el apoyo de partidos de diverso signo, incluidos los independentistas catalanes, para sacar adelante leyes. En sus primeros intentos en julio, no logró sumar mayoría.
El Gobierno intentará activar por eso su gestión con diversas medidas de corte social y progresista en materia de salud, educación o empleo que considera difícil rechazar. Pero el «otoño caliente» en Cataluña y la capacidad de movilización de las fechas que se acercan prometen dificultar la tarea a Sánchez.
Por Pablo Sanguinetti (dpa)
