Managua, 5 ago (dpa) – Obispos de la Iglesia católica confiaron hoy en seguir al frente de la mediación en el diálogo nacional para resolver la grave crisis en Nicaragua, en medio de la salida del país por amenazas de uno de los principales activistas de derechos humanos.
El arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, expresó que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) continuará como mediadora del diálogo, pese a que no han tenido acercamiento con el Gobierno en los últimos días y que los obispos se reunirán para valorar un nuevo llamado al diálogo nacional.
Consultado por periodistas sobre si aceptaría una eventual petición oficialista de remover del diálogo nacional a alguno de los obispos que no son de la simpatía del Gobierno, el prelado explicó que cuando aceptaron trabajar en la mediación lo hicieron «como CEN y no como individuos», y que así continuarían.
Por su parte, monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa (norte), expresó que los miembros de la CEN han estado reflexionando seriamente sobre el diálogo y que mantienen su disposición de continuar como mediadores y testigos.
«Estamos convencidos (de) que el diálogo es el camino de solución pacífica para Nicaragua», afirmó el religioso al Canal 100% Noticias.
En tanto, monseñor Silvio Báez, uno de los religiosos más críticos con el Gobierno, pidió a los feligreses confiar en el trabajo de la CEN y expresó que «el camino a la libertad es difícil».
Citando pasajes bíblicos y en aparente alusión a Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, Báez agregó que «el Señor no quería a los faraones como tampoco quiere a los de ahora (…) Caminemos siempre hacia la libertad, vayamos siempre dejando atrás sin temor al faraón que domina y quita la vida», agregó el arzobispo de Managua en medio de los aplausos de los feligreses.
Tras el estallido de las protestas antigubernamentales en abril, Ortega invocó a los obispos como mediadores de un diálogo nacional -que inició el 16 de mayo- para buscar una salida a la crisis, con la presencia del Gobierno y la opositora Alianza Cívica integrada por estudiantes, empresarios, campesinos y sociedad civil.
Sin embargo, desde la última sesión de diálogo del 25 de junio, la Iglesia católica fue objeto de ataques físicos y verbales por parte del oficialismo, y el propio presidente Ortega descalificó a los obispos como mediadores, acusándolos de integrar un «plan golpista».
En tanto, medios de prensa informaron que el director de la independiente Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) Álvaro Leiva abandonó Nicaragua tras recibir amenazas de muerte y debido a la “total inseguridad” que se vive en el país.
Leiva, quien a través de un comunicado anunció hoy el cierre temporal de las oficinas de la ANPDH en Nicaragua, se encuentra en Costa Rica, aunque se desconoce si solicitó asilo, informó el diario «La Prensa».
El activista que junto a a su familia contaba con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que el Gobierno de Daniel Ortega «no tiene la voluntad de cumplir con su compromiso en materia de derechos humanos».
«El país está en una total inseguridad ciudadana, no puedo yo exponer la vida ni mía ni de mis promotores, porque ese es el derecho humano fundamental», aseguró Leiva.
El presidente de la ANPDH, Roberto Sólorzano, calificó lo ocurrido de «gravísimo» y dijo que «esto lleva al máximo nivel la prueba» a nivel internacional de que el «ataque a las defensorías de derechos humanos en Nicaragua ya llegó a niveles sin precedentes en el continente americano».
La ANPDH, que semanas atrás ganó el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos, anunció hoy el cierre temporal de sus oficinas en Nicaragua después de que su personal recibiera amenazas, pero que continuará operando vía telefónica y por Internet.
Consultado sobre el caso de Leiva, el cardenal Brenes calificó de «negativo» para el país la persecución a disidentes por parte del Estado.
«Es triste que cuando se habla de que el país va tomando normalidad se estén dando estos casos porque eso no significa que haya normalidad. La persecución a personalidades que disienten del Estado yo lo veo como negativa», señaló.
Este fin de semana, una decena de ciudades del país fueron escenario de manifestaciones antigubernamentales que exigen la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, la liberación de todos los opositores detenidos ilegalmente por paramilitares y en solidaridad con los obispos y los médicos que han sido cesados de hospitales públicos por brindar atención a manifestantes heridos.
La crisis en Nicaragua se inició el 18 de abril con una protesta de estudiantes y derivó en grandes manifestaciones contra Ortega tras la violenta acción de la Policía y paramilitares, que ha dejado hasta ahora casi 450 muertos y más de 2.800 según ONG de derechos humanos. El Gobierno reconoce 195 muertos.
