Washington, 3 jun (dpa) – Un centenar de personas ha muerto en Nicaragua desde que comenzaron las protestas contra Daniel Ortega a mediados de abril, en una crisis que según algunos analistas tiene posibilidades de convertirse en un conflicto civil de magnitudes similares al de los años 80.
Amnistía Internacional acusa al mandatario de ejercer una «represión letal» sobre los manifestantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tras su reciente visita dijo que lo que vio es bastante más grave de lo que creía, acaba de alertar de una «nueva etapa de represión».
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió hace pocos días a Ortega que autorice la entrada del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Sin embargo, la crisis en el país centroamericano no ha sido incluida en la Asamblea General que la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra este lunes y martes en Washington.
En la cita anual más importante del ente continental, los cancilleres se van a focalizar en Venezuela, la crisis que desde hace dos años centra la atención de la organización panamericana y de la que ha hecho el eje de su gestión el secretario general, Luis Almagro, uno de los mayores críticos de Nicolás Maduro en la esfera internacional.
La OEA no ha celebrado hasta ahora un solo consejo permanente sobre la crisis nicaragüense y ni Almagro ni ningún país miembro han propuesto llevarla a la Asamblea General.
«Almagro ha priorizado Venezuela hasta tal punto que las graves violaciones de los derechos humanos en otros lugares tienen menos atención», dice a dpa Geoff Ramsey, subdirector para Venezuela de WOLA, organización que promueve los derechos humanos en América.
Michael Shifter, presidente del ‘think tank’ Diálogo Interamericano, apunta otros factores. «La crisis venezolana tiene una dimensión regional y global que no tiene la nicaragüense y Almagro tiene una confrontación personal con Maduro que no tiene con Ortega», señala a dpa. Advierte además que dejar la situación en Nicaragua fuera de la agenda tendrá «un impacto negativo» en la OEA. «Su misión es ayudar a resolver conflictos políticos y proteger la democracia».
La ola de protestas que arrancó a mediados de abril con la aprobación por decreto de Ortega de una reforma de la seguridad social no surgió de la nada. El malestar viene de mucho antes. La oposición denunció fraude en las elecciones municipales de 2008 y en las presidenciales de 2011.
Y en 2016, mientras el mundo miraba hacia Estados Unidos por unos comicios en los que dos días después se enfrentarían Donald Trump y Hillary Clinton, Ortega fue reelegido con el 72,5 por ciento de los votos. De la cita fueron excluidos algunos opositores, los comicios carecieron de observación independiente y fueron cuestionados por la oposición y el Gobierno norteamericano de Barack Obama.
Los ánimos en Nicaragua están caldeados con Almagro por lo que sus críticos consideran una actitud pasiva y hasta de apoyo a Ortega. Un grupo de nicaragüenses le increpó el miércoles ante la sede de la OEA y de cara a la Asamblea General se ha convocado una protesta. En la web de Avaaz, una organización civil que promueve el activismo ciudadano, se abrió una recogida de firmas pidiendo su destitución.
«Sin duda es enigmático el doble rasero de Almagro con respecto a Nicaragua, donde el desmantelamiento de la democracia ha sido casi una copia al carbón de lo ocurrido en Venezuela», expresa a dpa Juan Carlos Hidalgo, analista del Instituto Cato.
Almagro dice sin embargo que Nicaragua no es Venezuela, que en el país centroamericano hay negociación, que la OEA trabaja con el Gobierno en una reforma del sistema electoral y que hay avances en ello. Este viernes, su secretaría general anunció que ha acordado ya con el Gobierno nicaragüense un calendario para la reforma electoral.
«No tenemos ninguna posibilidad hoy todavía de elecciones libres en Cuba ni de elecciones libres en Venezuela. Sí tenemos que lograrlo en Nicaragua», dijo el viernes en una entrevista en la que volvió a sugerir que un sector persigue el derrocamiento de Ortega. «Quieren que instalemos otro gobierno en el poder. No cuenten con la organización para avalar ninguna chanchada de esas».
Almagro insiste en una salida electoral en Nicaragua, pero rechaza los comicios inmediatos que pide parte de la oposición porque, dice, antes debe concluir la reforma del proceso electoral en la que la OEA trabaja desde hace meses con Ortega. El horizonte es 2021.
«En el caso de Nicaragua, creo que puede haber razón para una táctica diferente», apunta Ramsey, de WOLA. «El Gobierno nicaragüense, por ejemplo, ha dicho que permitirá que la OEA envíe un grupo de expertos internacionales independientes al país para investigar el asesinato de manifestantes. El Gobierno de Venezuela nunca haría eso».
Michael Shifter, no obstante, considera que no es suficiente. «Los países miembro y el secretario general deben estar completamente implicados, especialmente cuando la tensión está subiendo y la violencia escalando en Nicaragua», asegura.
Por Sara Barderas (dpa)
