Managua, 17 may (dpa) – Al cumplirse un mes del estallido social en Nicaragua, que comenzó con una protesta de estudiantes, la sociedad civil y el presidente Daniel Ortega inician un diálogo marcado por el escepticismo, la desconfianza mutua y la urgencia de que cese la violencia gubernamental.
Con la mediación de la Conferencia Episcopal, el diálogo nacional se instaló el miércoles en la sede del ahora supervigilado Seminario Nacional, en el suroeste de Managua, con la presencia de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Apenas comenzada la reunión, y cuando el gobernante se disponía a tomar la palabra, el líder universitario Lesther Alemán asaltó el micrófono para increpar a Ortega a “rendirse” y entregar su cargo a la brevedad. La delegación del Gobierno pasó de la hilaridad a la preocupación cuando el estudiante de 20 años presentó el recuento de los daños.
“Estamos aquí (…) para exigirle que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo. Nosotros hemos puesto los muertos, nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados (…) Lo que se ha cometido en ese país es un genocidio”, afirmó.
Una estudiante pasó revista uno a uno a los muertos, mientras sus compañeros, de rostros desvelados y camisas negras, coreaban “presente” con los puños en alto. Varios de ellos aún lloraban cuando Ortega justificó la actuación policial y la reunión llegó a su fin.
“Yo no creo que (el diálogo) vaya a dar buenos frutos”, opinó Michael Healy, directivo de la Federación de Ganaderos de Nicaragua (Faganic), al señalar que “se esperaba una respuesta positiva y el presidente dio una respuesta negativa”.
“Ellos (el Gobierno) quieren venir a hablar de temas económicos cuando hay que hablar de temas constitucionales: que los nicaragüenses puedan salir a votar sin que nadie se robe las elecciones”, afirmó el empresario.
Healy aludía al reclamo de la oposición sobre la dudosa credibilidad del sistema electoral y sus autoridades señaladas de cometer fraude a favor del gobernante Frente Sandinista desde 2008 hasta hoy, incluyendo las cuestionadas votaciones de 2011 y 2016 que le dieron la reelección a Daniel Ortega.
Con las universidades cerradas y algunos de sus compañeros todavía en el hospital, los estudiantes siguen exigiendo una “investigación a fondo de la masacre» para poder castigar a los culpables. Rechazan, sin embargo, la Comisión de la Verdad formada en el Parlamento, dominado por el partido sandinista, puesto que «ningún asesino se investiga a sí mismo”, según dijeron a la prensa.
Al respecto, apoyados por los empresarios y la sociedad civil representada en el diálogo, demandaron como precondición para las pláticas la presencia de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que arribará mañana viernes al país para una visita de trabajo de seis días.
Para el catedrático Carlos Tunnermann, ministro de Educación durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), el diálogo podría fracasar si no se hace justicia con las víctimas del conflicto y si la Policía no retorna pronto a sus cuarteles.
«No se puede dialogar bajo las balas y la mesa manchada de sangre», advirtió Víctor Cuadras, otro de los jóvenes líderes.
La crisis comenzó con una manifestación estudiantil contra una reforma del Seguro Social, que aumentaba las cuotas de empresas, trabajadores y jubilados, afectando a miles de personas. Las protestas se extendieron a 14 ciudades del país debido a la violenta reacción de la Policía y los grupos paramilitares.
“Aquí ha comenzado una revolución no armada y la población civil sigue manifestándose. Si quiere usted desmontar esta revolución, no será con la represión de balas de goma ni de plomo”, le dijo a Ortega el obispo de Estelí (norte), monseñor Abelardo Matta, uno de sus mayores críticos en la Conferencia Episcopal.
Si bien el Gobierno hasta hoy reporta 16 muertos durante las protestas, organismos de derechos humanos no gubernamentales contabilizan más de 66 fallecidos y más de 500 heridos, 200 de ellos por impactos de bala. Más de 4.000 hogares habrían sido afectados de una u otra forma por la tragedia, según la prensa.
Al mismo tiempo, se calcula que la crisis ha dejado en un mes pérdidas por unos 233 millones de dólares (1,6 por ciento del Producto Interno Bruto) en el segundo país más pobre de América Latina. Los mayores daños se reportan en turismo, comercio exportaciones e infraestructura vial.
