Buenos Aires, 21 ago (dpa) – Miles de manifestantes marcharon hoy en Buenos Aires y las principales ciudades de Argentina para reclamar al Senado que le quite los fueros parlamentarios que protegen a la legisladora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y permita el allanamiento a sus viviendas.
Las movilizaciones tuvieron lugar pese a que momentos antes Fernández de Kirchner emitió un comunicado en el que afirmó que no tiene «ningún inconveniente» en que el Senado autorice la solicitud de allanamiento de sus viviendas presentado por el juez federal Claudio Bonadio, quien la investiga por supuesta corrupción.
La decisión fue comunicada horas antes de que el Senado vote mañana la solicitud judicial, luego de que fracasaran los dos intentos previos por falta de quórum.
Fernández de Kirchner es senadora de la opositora Unidad Ciudadana peronista, por lo cual está protegida por los fueros parlamentarios que impiden que la Justicia allane sus propiedades o la arreste. Los legisladores pueden sin embargo ser investigados, juzgados y condenados mientras ejercen su cargo en el Parlamento.
Miles de personas marcharon hoy hasta el Congreso en Buenos Aires para reclamar al Senado que le quite esta protección a Fernández de Kirchner. También demandaron que se apruebe la ley de extinción de dominio, que permite al Estado quitarle a una persona la propiedad de determinados bienes relacionados con un delito.
Hubo manifestaciones también en las ciudades de Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta, Mar del Plata, Formosa y Río Gallegos, entre otras.
Fernández de Kirchner (2007-2015) enfrenta varias investigaciones judiciales, tres de ellas ya elevadas a juicio oral y público. En las últimas semanas volvió a ser imputada en una nueva causa por el supuesto pago de sobornos de empresarios a ex funcionarios kirchneristas.
El juez Bonadio investiga si los ex presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa y sucesora lideraron una supuesta asociación ilícita que cobraba sobornos a cambio del otorgamiento de contratos de obras públicas.
La investigación judicial se basa en los ocho cuadernos escritos entre 2005 y 2015 por Oscar Centeno, el chofer del ex «número dos» de Planificación Federal Roberto Baratta, uno de los 14 detenidos por esta causa.
En ellos el chofer describió con sumo detalle las fechas, las direcciones, los nombres y los montos de dinero de los supuestos pagos de fondos de empresarios a funcionarios. Precisó además que el dinero era entregado en bolsos y llevado en algunos casos a la residencia presidencial oficial, la vivienda particular de los Kirchner u oficinas oficiales. Varios empresarios admitieron ante el juez que pagaron sobornos, como también algunos ex funcionarios reconocieron que recibieron pagos ilegales.
La ex presidenta rechazó los cargos en su contra pero hoy aceptó que sus viviendas sean revisadas, aunque fijó algunas condiciones. «Corresponde aclarar que esta decisión no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas por Bonadio en su cruzada persecutoria contra mi persona, sino que tiene por principal objetivo terminar, de una vez por todas, con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos», sostuvo Fernández de Kirchner en su comunicado.
«Y es en este sentido que el Senado de la Nación debe garantizar que las medidas que se lleven adelante sean sólo para cautelar prueba relacionada con el objeto de esta investigación y no para obtener imágenes o filmaciones sobre el interior de mis viviendas y de los objetos que forman parte de ellas, al efecto de su posterior difusión mediática con intencionalidad política», solicitó la senadora.
