Santiago de Chile, 9 mar (dpa) – La presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, volverá al poder este martes enfrentada a una compleja relación con los movimientos sociales, que ya derrumbaron a dos de sus viceministras designadas antes siquiera que asumieran sus cargos.
«(Hay que lograr acuerdos) de lo contrario, las protestas van a detener todo y la calle no puede tomar todas las decisiones”, admitió la propia líder socialista.
Con los inéditos cambios de gabinete ocurridos antes de la investidura presidencial, Bachelet y su equipo político son acusados de «desprolijidades» y falta de «prudencia», como dijo la senadora socialista Isabel Allende, quien asumirá el martes la presidencia de la Cámara Alta.
Desde el retorno a la democracia en 1990, jamás un gobierno encaró una situación similar antes de llegar al poder. Desde la futura oposición de derecha y los empresarios muchos acusan «debilidad».
La primera caída fue la de la viceministra de Educación, Claudia Peirano, cuestionada por el movimiento estudiantil por ser una opositora a la demanda de educación pública gratuita, principal promesa de campaña de Bachelet.
La última en renunciar fue la viceministra de Defensa, Carolina Echeverría, criticada por los movimientos de derechos humanos por ser hija de un oficial acusado de violaciones a los derechos humanos y haber bloqueado demandas de víctimas como autoridad del primer gobierno de Bachelet.
La presión de la opinión pública también obligó las dimisiones del viceministro de Bienes Nacionales, Miguel Moreno, condenado por manosear a una mujer embarazada en el tren subterráneo, y del viceministro de Agricultura, Hugo Lara, investigado por estafa.
¿Cómo fueron posibles estos errores? ¿Cómo no previó estos problemas el futuro ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, a cargo de proponer las designaciones a Bachelet?
Diversos analistas apuntan a la «falta de calle» de muchas de las nuevas autoridades del equipo político.
Desde el retorno a la democracia, con el dictador Augusto Pinochet liderando primero el Ejército y luego a la oposición en el Senado, la política chilena fue definida casi exclusivamente «entre cuatro paredes», como dijeron sus propios protagonistas esos años.
Hubo una larga transición a la democracia, donde los actores sociales fueron marginados en la práctica de la toma de decisiones, como autoridades y dirigentes ciudadanos admitieron en esa época.
Todo cambio en 2011, cuando estallaron unas 6.000 protestas sociales bajo el hoy saliente gobierno de Sebastián Piñera, que dejaron un muerto, más de 3.000 detenidos y 40 periodistas apresados o agredidos por la policía.
Pero Bachelet y su ministro del Interior, además de otros asesores, estaban fuera de Chile esos años. Por ello muchos creen que no lograron dimensionar inicialmente la profundidad del cambio en el escenario político.
En ese marco, la líder de las protestas de 2011, la comunista Camila Vallejo, aunque dio su apoyo a Bachelet, advirtió que estará «con un pie en el gobierno y otro en la calle».
Y no habrá tiempo para mayores acercamientos siquiera. La primera protesta social está ya convocada para el 22 de marzo. La segunda para el 28 de este mismo mes.
Bachelet sabe hoy que no existe más tiempo o espacio para errores. Por ello, ordenó a sus ministros priorizar 50 medidas para los primeros cien días de su gobierno, entre ellas las principales demandas ciudadanas en educación, salud y reforma tributaria.
Por Mauricio Weibel
