La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha demandado en comisión parlamentaria una «explicación razonable» sobre la «incoherencia en la aplicación de los fondos de convergencia» que, a su juicio, se pone de manifiesto en los datos de la liquidación del sistema de financiación correspondiente al año 2013 y ha criticado que el Gobierno central parece estar «actuando de forma arbitraria» al aplicar estos fondos.
«Hemos solicitado al Gobierno de España que aclare cómo se aplican estos fondos en las diferentes comunidades» porque Andalucía siempre pierde recursos tras la aplicación de estos fondos, según ha recordado Montero. Además, por primera vez en la liquidación de 2013, prácticamente Andalucía es la única autonomía que sale claramente perjudicada y tiene de devolver al Estado un total de 426 millones de euros en 2015, ha agregado.
Lo preocupante, según la consejera, es que «no es una situación generalizada para el conjunto de comunidades» ya que, por ejemplo, Valencia recibirá del Estado 588 millones de euros, Baleares 518 millones, Cataluña 163 millones y Madrid 133 millones.
Montero ha explicado que, mientras se recibe esta aclaración, el Gobierno andaluz ha solicitado el aplazamiento a 20 años, con uno de carencia, para hacer frente a la devolución del este saldo negativo, ya que «si tuviéramos que realizar todo el pago en 2015, el Gobierno central estaría limitando notablemente nuestro presupuesto para dicho ejercicio».
Reforma del modelo
En su comparecencia en comisión, Montero ha asegurado que la reforma del sistema de financiación autonómica es «inaplazable», por lo que requiere que se establezca un calendario «que nos permita llegar a un acuerdo en un breve período de tiempo», sobre la base de simplificar el sistema, eliminar fondos que generan distorsión, determinar el coste promedio de los servicios públicos y tomar como criterio de referencia para la asignación de los recursos la población atendida.
La titular de Hacienda ha explicado que el actual sistema no garantiza la suficiencia de recursos para la correcta prestación de los servicios públicos fundamentales que son competencia de las comunidades, por lo que debe realizarse un análisis riguroso sobre los costes reales de la provisión de estos servicios para después pactar un modelo idóneo de financiación. En este punto, Montero ha recordado que la dotación del Fondo de Garantía de Servicios Fundamentales, teóricamente destinado a garantizar un mismo nivel de prestación de estos servicios en todo el Estado, ha resultado insuficiente y «ha sido muy sensible tanto al ciclo económico como al diseño del sistema tributario, sin aportar estabilidad para el mantenimiento de estos servicios».
El modelo tampoco garantiza la equidad de financiación entre las comunidades, ni un mismo nivel de financiación a igual necesidad de gasto. Es más, Montero ha denunciado que el «reparto de recursos por habitante resulta tan desigual» que el sistema ofrece una diferencia de hasta 30 puntos porcentuales entre lo que recibe cada ciudadano en función de la comunidad donde resida. Precisamente, el factor que más ha contribuido a este reparto arbitrario ha sido la aplicación de los fondos de convergencia, creados para aproximar a las comunidades en términos de financiación homogénea y de renta y riqueza por habitante pero que, en la práctica, están contribuyendo a incrementar las diferencias, según ha apuntado la consejera, denunciando que, precisamente, «Andalucía es la comunidad más perjudicada por la aplicación de estos fondos de convergencia».
Autonomía fiscal
Otras críticas al modelo son la existencia de un distinto nivel de autonomía fiscal y de corresponsabilidad entre las comunidades, ya que, tal como ha indicado Montero, «aquellas autonomías con un mayor nivel de renta presentan una mayor autonomía fiscal», así como la falta de lealtad institucional con la que el Estado ha aplicado el modelo, bloqueando iniciativas de las comunidades para incrementar sus ingresos o mejorar la eficiencia de sus gastos y negándose a compartir los incrementos de recaudación por las subidas de tipos del IVA y los Impuestos Especiales.
A juicio de la consejera, la revisión del modelo es una cuestión prioritaria ya que estos recursos suponen el 75% de los ingresos no financieros de Andalucía. Por ello, ha reiterado la importancia de alcanzar un acuerdo entre todos los grupos con representación en el Parlamento andaluz para conseguir la revisión del sistema de financiación, ya que «se trata de defender los intereses de Andalucía».
«Los ciudadanos no nos perdonarían que no nos pusiéramos de acuerdo en algo tan importante para Andalucía como es la reforma del sistema de financiación», ha afirmado Montero, por lo que ha instado a «trabajar en pro de un consenso que nos permita avanzar en esta reforma».
