Melania Álvarez: “Nadie dejará de percibir la prestación que le corresponde”

Los ayuntamientos asturianos han recabado ya, en sólo mes y medio, la autorización de 5.000 personas beneficiarias del salario social para pasar a percibir el ingreso mínimo vital. Recibido el consentimiento, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar se encarga de enviar los datos pertinentes al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Además, ocho ayuntamientos -concretamente Cabranes, Caso, Coaña, Pesoz, Proaza, Sobrescobio, Villanueva de Oscos y Villayón- han tramitado todos los expedientes de sus concejos.

El 15 de junio comenzó el proceso por el que las administraciones local y autonómica recaban permiso de los beneficiarios del salario social para que la Administración del Estado pueda comenzar a despachar su prestación del ingreso mínimo vital. De esta forma, los usuarios evitan la tramitación administrativa. Si no dan su permiso antes del 17 de agosto, deberán realizar la tramitación a título particular y por los canales habilitados por el INSS.

Una vez cerrado el plazo, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar enviará al INSS, antes del 15 de septiembre, los datos de las personas que hayan dado su consentimiento. La Administración estatal dispondrá entonces de tres meses para resolver los expedientes.

Todas las personas que cobran el salario social seguirán percibiéndolo hasta que se resuelvan sus solicitudes. Además, si la cuantía que se les reconociera en la prestación nacional fuese inferior a la autonómica, siempre se les garantizará que alcanzarán el importe del salario social. “Nadie dejará de percibir la prestación que le corresponde y no dejaremos a nadie atrás”, ha asegurado la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.

En Asturias hay registradas 22.327 familias que perciben el salario social básico. Se calcula que la mayoría pasarán ahora a cobrar el ingreso mínimo vital, si bien el Principado mantendrá la ayuda autonómica para aquellos colectivos que queden excluidos de la renta estatal, como es el caso de las personas con pensiones no contributivas, las mayores de 65 años que vivan solas o las unidades familiares que lleven conviviendo menos de un año.