La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha explicado en comisión parlamentaria que el Presupuesto de la Junta para 2017 es «absolutamente fiable en cuanto a ingresos» y que se ha realizado «con todo el rigor y la solvencia técnica», de manera que confía en que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por parte del Gobierno central «no tenga impacto» en Andalucía.
Montero ha señalado que el impacto de la prórroga de los PGE sobre la financiación de la comunidad autónoma «es muy bajo» y que, además, está controlado y contemplado en el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2017. Así, ha reiterado los argumentos que tiene la comunidad autónoma para contar con un presupuesto «fiel y riguroso, incluso sin que el Gobierno central tenga aprobado el correspondiente al ejercicio 2017». Asimismo ha afirmado que recoge el Estatuto de Autonomía, al reconocer los principios de autonomía y de suficiencia financiera, además de la responsabilidad fiscal o la lealtad institucional y coordinación con la Hacienda Estatal.
Montero ha insistido en que aunque se produzca, como se ha producido, una prórroga de los PGE para 2017 y que ésta se mantenga, el Gobierno andaluz prevé continuar desarrollando una política destinada a favorecer la recuperación del crecimiento y del empleo, así como a garantizar los servicios públicos fundamentales y el mantenimiento de los derechos de los empleados públicos.
Respecto a la oferta de empleo público prevista por la Junta para 2017, la consejera ha reiterado que se desarrollará tal y como estaba prevista y ha confirmado que este año habrá oposiciones en Educación y en el resto de los sectores. «No hay ninguna duda sofre la oferta de empleo público ni sobre la tasa de resposición», ha enfatizado. «La tasa de reposición no está vinculada a la prórroga presupuestaria», ya que según ha explicado, «si se aprueban PGE en 2017, la tasa se mantendrá al menos en el 100%», y si el escenario es de prórroga presupuestaria también se prorrogará la tasa de resposición «como mínimo igual que estaba en 2016».
Financiación autonómica
La titular de Hacienda ha explicado que los ingresos vinculados al sistema de financiación autonómica están determinados por su propia ley donde se establece que la mayor parte se configuran sin pasar por los Presupuestos Generales del Estado o bajo créditos ampliables, «así que no se verán afectados por la prórroga». Montero ha señalado que la mayor parte de los ingresos de las comunidades autónomas, procedentes del sistema de financiación, no se verían afectados por una prórroga presupuestaria, ya que muchos de ellos ni siquiera aparecen en el presupuesto.
Montero ha recordado que la financiación de las comunidades autonómas por parte del Gobierno central viene tanto por las entregas a cuenta, como del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de suficiencia. Respecto a las primeras, las entregas a cuenta de carácter tributario, que cada año anunciaba el Gobierno central en el mes de julio, son una participación en la recaudación, de manera que no aparecen en el Presupuesto. Del cálculo, se ha estimado en el IRPF en función de las rentas salariales; en el IVA, de acuerdo con la evolución del consumo; y los Impuestos Especiales, según el comportamiento esperado del consumo privado.
Concretamente sobre las entregas a cuenta para Andalucía, correspondientes al Fondo de garantía Servicios Públicos Fundamentales, ascendieron a 3.927,20 millones de euros. De éstos, el 25% serían aportación del Gobierno central, lo que supondría una merma para Andalucía de 77 millones de euros. Respecto al Fondo de Suficiencia, las entregas a cuenta están recogidas en el presupuesto de gastos del Estado bajo la fórmula de créditos no ampliables, de modo que se verían afectados por una eventual prórroga con una minoración de 15 millones menos.
La consejera ha dejado claro que a la financiación de Andalucía no le afecta la prórroga de los PGE, porque ésta se recoge en una Ley propia (Ley 22/2009) que no prevé que «para la determinación del importe de las entregas a cuenta haya de existir necesariamente un anteproyecto de ley de PGE del ejercicio que corresponda, sino que para ello se utilizarán las previsiones existentes a la fecha de la elaboración por el Gobierno, previsiones que, por otro lado, han de ser de disponibilidad pública», ha concuido.
