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Mallada: “No dejaremos tirados a 50.000 trabajadores asturianos”

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Hoy jueves, la presidenta del PP asturiano y portavoz del Grupo Popular en la Junta General del Principado, Teresa Mallada, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular de Asturias va a impugnar ante el Consejo de Ministros el Estatuto de Consumidores Electrointensivos aprobado el pasado diciembre mediante el Real Decreto 1106/2020 de 15 de diciembre por el Gobierno de Pedro Sánchez, con el fin de declararlo “nulo”.

Para eso, en los próximos días el Grupo Parlamentario Popular de Asturias presentará ante el Consejo de Ministros la solicitud de revisión de dicho decreto. Se trata de una acción administrativa con la que los populares pretenden sustituir de forma inmediata el actual Estatuto por otro que recoja la figura del consumidor hiperelectrointensivo, y contemple medidas económicas efectivas con el fin de garantizar una rebaja del coste de la energía eléctrica y por tanto la competitividad de nuestro sector industrial frente a los países del entorno.

Teresa Mallada ha anunciado esta decisión tras un encuentro hoy en Oviedo con el Secretario General y responsable de Industria del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Guillermo Mariscal, para abordar la difícil situación que atraviesa nuestra industria, sobre todo después de la aprobación del Estatuto. “El Estatuto deja tirada a la gran industria asturiana y a sus 50.000 trabajadores. Hay que dar un paso más para frenar este atropello y defender a todos los trabajadores, evitando problemas de deslocalizaciones y cierres y garantizando el mantenimiento de nuestra gran industria. Para hacer reaccionar a Sánchez, daremos nosotros el paso que Barbón no se atreve a dar porque prefiere dejar abandonados a los trabajadores de la gran industria asturiana antes que enfrentarse a Pedro Sánchez”, ha denunciado Mallada.

Mariscal ha mostrado el respaldo del partido a la decisión adoptada por el PP asturiano ya que el Estatuto daña gravemente a la industria de esta región, ha asegurado el Secretario General del Grupo Popular en rueda de prensa esta mañana junto a Mallada, y tras participar en un encuentro asimismo junto al Secretario General del PP asturiano y diputado regional portavoz de Industria, Álvaro Queipo; la diputada nacional del PP por Asturias, Paloma Gázquez; el diputado nacional portavoz de Energía Juan Diego Requena; así como los diputados del Grupo Parlamentario Popular de la Junta General del Principado.

El Pleno del Congreso de los Diputados, el pasado mes de junio, en un acuerdo alcanzado por mayoría absoluta, instaba al Gobierno central a que, entre otras medidas, incorporara al texto del Estatuto aquellas alegaciones de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Galicia y Asturias, así como del sector electrointensivo, que contribuyeran a garantizar la competitividad de las industrias afectadas y que fueran aplicadas en otros países de la Comunidad Europea. Pero esas alegaciones no se tuvieron en cuenta.

El propio Grupo Parlamentario Popular de Asturias presentó alegaciones al proyecto de Estatuto el pasado febrero; y remitió un documento al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, señalando una serie de medidas que consideraba necesarias para incorporar al Estatuto.

La líder del PP en Asturias ha explicado que el PP ya advirtió hace días en la primera reunión de la Alianza por la Industria de que el Estatuto publicado el pasado 18 de diciembre no admitía ya más alegaciones y se hacía por tanto imprescindible actuar de forma “contundente” para “hacer reaccionar” al Gobierno de Sánchez. Pero, “el Gobierno de Adrián Barbón no ha querido influir lo más mínimo en el Gobierno central y ha optado por abandonar a la industria asturiana a su suerte”, denuncia Mallada.

Contraviene la Constitución

Mallada asegura además que el Estatuto, regulado por un Real Decreto con rango de reglamento incumple el Real Decreto-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, una norma superior, con rango de ley. Por lo que, a su vez, contraviene el principio constitucional de jerarquía normativa.

El Real Decreto-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, ordenaba dotar en el plazo de seis meses de un Estatuto para los Consumidores Electrointensivos que caracterizara adecuadamente a dichos consumidores y mitigara los efectos de los costes energéticos sobre la competitividad.

Pero, el Gobierno de España aprobó finalmente un Estatuto de la Industria Electrointensiva, dos años después del mandato legal recibido y, “para colmo”, ha dicho Mallada, el Estatuto aprobado no contempla la figura del consumidor hiperelectrointensivo y no ayuda a mitigar los efectos de los costes energéticos sobre la competitividad.

Unanimidad en las críticas

Mallada ha resaltado que el Estatuto ha despertado las críticas de todos los miembros del sector, ya sean las propias empresas electrointensivas, las asociaciones de empresarios o las organizaciones sindicales. En esta línea, ha recordado que desde la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), se considera insuficiente y que no se da una respuesta satisfactoria a las singularidades de los grandes consumidores de energía. En palabras de su director general, “con medio euro apenas se enfría la diferencia de precio entre España y los países del entorno”.

En el mismo sentido, la patronal asturiana FADE ha señalado que el texto aprobado no atiende a las necesidades y soluciones que requiere la industria básica electrointensiva, y “no tiene en cuenta la singularidad y la realidad de la industria asturiana, a la que condena a una pérdida de competitividad constante frente a sus homólogos franceses y alemanes.”

Asimismo, UGT Asturias ha advertido que “el contenido del Estatuto es nefasto para los intereses de la industria asturiana y, por tanto, para Asturias en su conjunto.”

Barbón ha incumplido los compromisos de apoyo a la industria

Así las cosas, Mallada ha censurado la “inacción” del Gobierno regional para tratar de influir en el Gobierno central a lo largo del 2020 con el fin de que el Ejecutivo nacional diseñara un Estatuto que resultara últil para la gran industria asturiana. Precisamente, este constituía uno de los varios compromisos para apoyar a la industria adquiridos por todos los Grupos políticos de la Junta General del Principado durante un Pleno monográfico celebrado hace un año. Pero, “Barbón no ha hecho los deberes y ha incumplido claramente” esos compromisos.

En este sentido, Mallada ha enumerado que este Gobierno no ha presentado ningún borrador de Plan Industrial y ha creado la Alianza por la Industria un año después de que el Pleno de la Junta lo encomendara y, encima, tras la aprobación del Estatuto para la Industria Electrointensiva.

Hace pocos días tuvo lugar el primer encuentro de esta Alianza por la Industria, de la que por el momento el Grupo Popular ha recibido un documento “absolutamente generalista” al que “haremos aportaciones concretas para ayudar a nuestra industria”, ha adelantado Mallada

 

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