Buenos Aires, 7 dic (EFE).- La nueva ministra de Seguridad argentina, María Cecilia Rodríguez, asumió su cargo esta semana con Córdoba, la segunda ciudad más importante del país, saqueada durante una huelga policial y con conatos de robos en otros puntos del país, ejemplo de los complejos desafíos que le esperan.
La inseguridad es, junto a la elevada inflación, la gran preocupación de los argentinos, pero el Ejecutivo presidido por Cristina Fernández no admitió la existencia de un problema hasta su derrota en las elecciones primarias del pasado agosto en el mayor distrito electoral del país, la provincia de Buenos Aires.
A partir de ese momento, el Gobierno reforzó la seguridad en la periferia de la capital argentina, conocida como el Gran Buenos Aires, con el envío de gendarmes.
El nuevo jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, rechazó a primera hora del miércoles enviar refuerzos a Córdoba, gobernada por el peronista disidente José Manuel de la Sota, para poner freno a la oleada de robos y saqueos, un anuncio acogido con duras críticas por la oposición y los vecinos cordobeses.
Horas después, 2.000 gendarmes recibían órdenes de partir hacia esa ciudad, situada unos 700 kilómetros al oeste de Buenos Aires, aunque finalmente su despliegue fue frenado después de que los policías aceptasen desconvocar la huelga y regresar a las calles al haber obtenido un aumento salarial.
A raíz de los disturbios en Córdoba, que causaron un muerto, unos 200 heridos, más de un centenar de detenidos y un millar de comercios arruinados, el Gobierno argentino anunció la creación de un Comando conjunto de operaciones contra los saqueos.
Las fuerzas de seguridad lograron en los últimos días evitar robos organizados en otras provincias del país, como Santa Fe o Buenos Aires, pero en esta última el dueño de un supermercado de origen chino falleció al intentar resistirse a los asaltantes.
Sumado a la inseguridad, el otro gran reto de Rodríguez en los próximos meses es la lucha contra el narcotráfico, para la que reclaman medidas urgentes tanto la Iglesia Católica, como el Poder Judicial y la oposición.
Sólo en la ciudad de Rosario, la tercera en importancia de Argentina y una de las más castigadas por el auge del tráfico de drogas, 230 personas han sido asesinadas este año, en su mayoría en ajustes de cuentas entre bandas, un 26 por ciento más que en 2012, según datos oficiales.
El ascenso del narcotráfico ha ido parejo a la infiltración de las redes criminales en la Policía y la Justicia, como demuestran los «narcoescándalos» destapados este año en las provincias de Córdoba y Santa Fe y que han forzado el relevo de las cúpulas policiales de ambas regiones.
Después de permanecer nueve meses vacante, Fernández designó esta semana al frente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) al sacerdote Juan Carlos Molina.
Molina, muy reconocido por sus años de trabajo para rescatar a jóvenes de las drogas, carece sin embargo de experiencia en la lucha contra las cada vez más poderosas redes del narcotráfico que operan en Argentina.
Tras su nombramiento, la lucha contra las redes de tráfico de drogas se deslindó de la Sedronar y recayó en la Secretaría de Seguridad, a manos de Sergio Berni.
Berni no fue ascendido en la remodelación ministerial pero sigue siendo considerado el hombre fuerte de la cartera de Seguridad, por encima de la recién nombrada ministra, que hasta ahora se desempeñaba en una función ajena a su nuevo cargo, al frente de la Secretaría de Coordinación Militar de asistencia en Emergencias del Ministerio de Defensa.
Mar Centenera
