Managua, 21 nov (dpa) – La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y otras organizaciones civiles solicitaron hoy por primera vez a la policía de Nicaragua permiso para marchar el próximo domingo, la capital del país, informaron a periodistas fuentes de la oposición.
Una delegación de ciudadanos se presentó hoy en sede nacional de la policía nicaragüense en Managua para entregar la solicitud. Por el momento no se recibió una respuesta oficial.
La solicitud es la primera que realizan las organizaciones civiles que están enfrentadas con el Gobierno del presidente Daniel Ortega desde el estallido de la crisis en abril, luego que la policía prohibiera en octubre cualquier manifestación antigubernamental.
Juan Sebastián Chamorro, uno de los representantes del sector empresarial en la UNAB, declaró la gestión se ha hecho a nombre de varias organizaciones y de ciudadanos a título personal para marchar en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y “en solidaridad con todas las personas que están injustamente en prisión”.
“Si realmente hay como dicen un Estado de derecho, que den el permiso porque es un derecho constitucional. El argumento (para prohibir las marchas) era que no había permiso y aquí estamos respetuosamente solicitando el permiso de acuerdo a las leyes”, agregó Chamorro.
La activista Eveling Flores de la Red de Mujeres contra la Violencia, uno de los organismos convocantes, señaló que a la policía se le comunicó la intención realizar una movilización «cívica y pacífica” por las principales avenidas de Managua, así como la “ruta y horarios”.
La activista recordó que desde el 8 de marzo de 2007, apenas dos meses después de que Ortega regresara al poder, las organizaciones feministas han visto bloqueados sus intentos de marchar pacíficamente, aunque siempre se han manifestado.
La policía de Nicaragua prohibió a inicios de abril cualquier manifestación, alegando que se debía solicitar permiso para cualquier actividad en la vía pública, lo que fue interpretado por la oposición como un intento por frenar las protestas tras el estallido de la crisis en abril que ha dejado a la fecha centenares de muertos y unos 600 manifestantes encarcelados.
