Managua, 28 abr (dpa) – La polémica reforma al Instituto de Seguridad Social (INSS) de Nicaragua provocó un estallido popular que dejó 63 muertos, heridos y detenidos, según diversas fuentes. Aunque fue revocada por el Gobierno, agobiado por inéditas protestas callejeras la semana pasada, expertos aseguran que la medida es «inminente e inevitable».
Los plazos se agotan ante el grave déficit financiero que muestra el INSS en 2018, calculado en más de 106 millones de dólares, declaró a dpa el economista Adolfo Acevedo.
El INSS “sólo tiene dinero para (funcionar) unos meses” y es urgente que obtenga transferencias presupuestarias para terminar el año, advirtió.
La reforma, que establecía un aumento en las cuotas de trabajadores y empresas al Seguro Social, fue anulada por el presidente Daniel Ortega debido al caos que generaron las protestas. Pero según Acevedo, la decisión ejecutiva sólo fue una postergación de lo inevitable.
«El riesgo de iliquidez financiera (llevaría a) no pagarle a la gente las pensiones”, admitió Bayardo Arce, asesor económico del presidente, en declaraciones a la cadena de televisión Univisión.
Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) determinó que “la principal causa de la crisis de la Seguridad Social son las pensiones reducidas”, añadió Arce. Se trata de ingresos básicos que reciben casi 50.000 jubilados y que representan una erogación anual superior a los 50 millones de dólares.
Arce señaló que el Gobierno «se equivocó» cuando a mediados de abril decidió aprobar la explosiva reforma, que afectó a más de 700.00 empleados del sector formal.
Según lo dispuesto, los trabajadores aumentarían su aporte mensual al INSS de 6,25 a 7 por ciento, mientras la contribución del sector empresarial subiría 2 puntos porcentuales este año y 1,5 puntos en los próximos dos años, para completar un incremento del 19 al 22,5 por ciento al cierre del ajuste.
Igual porcentaje (22,5 por ciento) se aplicaría gradualmente a los asegurados bajo el régimen facultativo (por cuenta propia), un sector que creció un 25 por ciento en el último año, llegando a contar con casi 163.000 cotizantes en 2018.
La reforma también aplicó un impuesto del 5 por ciento a las pensiones de 144.000 jubilados, lo que causó rechazo generalizado.
Acevedo afirmó que la Seguridad Social se ha visto “sobrecargada” con la incorporación de sectores que debía asumir el Estado a través de programas de protección social demasiado costosos.
«Y como el Estado no tiene una política de protección social, simplemente trasladó la carga al INSS”, razonó el especialista.
En enero, el déficit de caja del INSS alcanzó los 3.400 millones de córdobas (109,6 millones de dólares), de acuerdo a las cifras no actualizadas del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Para el experto Manuel Ruiz, esto se debe en parte a la incorporación al sistema de 51.000 pensiones reducidas de vejez y viudez, que significan una erogación anual equivalente a 53,5 millones de dólares, y de 2.000 pensiones especiales no contributivas, por un total de 1,2 millones de dólares.
Ruiz propone resolver la crisis mediante una reforma presupuestaria que le transfiera al INSS fondos especiales para el pago de las pensiones reducidas y no contributivas. Sugiere además reducir a la mitad los excesivos gastos administrativos de la institución.
Acevedo cree es “absolutamente indispensable” la autonomía del INSS y la transparencia en el manejo del dinero de los cotizantes, empañado por denuncias de supuesta corrupción y fuga de recursos hacia empresas ligadas a altos funcionarios del Gobierno.
En este sentido, recomendó realizar una auditoría en la cartera de inversión del Fondo de Reservas del INSS, la cual en los últimos cuatro años financió, mediante préstamos al sector privado y la construcción de viviendas lujosas de alto riesgo financiero.
La edificación de apartamentos de varios pisos en zonas residenciales en Managua, financiada con fondos del INSS, ha sido muy criticada. Según el diario local «La Prensa», con ese fin se autorizaron préstamos por más de 260 millones de dólares en 2016.
Las investigaciones periodísticas demuestran que “ha habido abusos con el dinero”, insistió Acevedo.
El asesor Bayardo Arce, un ex guerrillero sandinista que según la prensa maneja pujantes negocios en la agricultura, justificó las inversiones inmobiliarias.
“El dinero no es para estar metido debajo de la almohada”, respondió el año pasado a periodistas que le increparon por la poca transparencia en el manejo de los fondos de los asegurados.
“Si el INSS no presta, no invierte el dinero, el dinero más bien va perdiendo valor. Todas las instituciones del Seguro Social en el mundo invierten para reproducir dinero”, argumentó.
Por Sonia González (dpa)
