El Gobierno aprobó la cotización obligatoria a la Seguridad Social para los estudiantes en prácticas, pero esta medida no entraré en vigor hasta el curso 2019-2020. Esto da algo más de margen a los responsables de dichas prácticas y a las empresas, según comentaba la Conferencia de Rectores después de su reunión con el Ejecutivo.
Por otro lado, los ministerios de Trabajo y Universidades han adquirido el compromiso de que esta medida no suponga un coste adicional para las universidades, lo cual venía preocupando a estos centros ya que la cotización Seguridad Social está en torno a los 50 euros mensuales por becario.
Una medida que ha levantado algunas suspicacias
Los rectores y algunos responsables de centros de formación profesional han mostrado su acuerdo con esta medida, pero sin embargo no les gustó tanto que el Gobierno aprobase la iniciativa de forma unilateral. De hecho, a estos colectivos les preocupaba la posibilidad de que entrase en vigor en apenas dos meses, que es cuando comienza el periodo de prácticas, especialmente en formación profesional. Esto hubiera tenido un impacto sobre las empresas en el momento de ofrecer plazas de prácticas, y por el escaso margen de maniobra con el que contarían en este caso.
A finales del pasado año, el Gobierno aprobaba una disposición que hará obligatorio, una vez se apruebe su desarrollo normativo, que todos los estudiantes en prácticas externas en grados o másteres universitarios, y cursos de formación profesional (grado medio y superior), coticen a la Seguridad Social. Y ello con independencia de que sean prácticas remuneradas o no, o curriculares o no.
¿Qué es lo que tenemos ahora?
El panorama actual es que algunas modalidades de prácticas incluyen cotización a la Seguridad Social, pero no todas. Pero una vez que la medida entre en vigor, afectará a aproximadamente 725.000 estudiantes de formación profesional y a un número sin determinar de estudiantes universitarios.
Los agentes educativos se mostraban especialmente preocupados por quién iba a hacerse cargo de la cotización de las prácticas a la Seguridad Social. La disposición aprobada por el Ejecutivo contiene algunas líneas básicas acerca de esta cuestión, pero los rectores y los responsables de formación profesional no lo tenían del todo claro.
Pero ahora cuentan ya con el compromiso de dos ministerios de que estos costes no irán a su cargo. Ahora queda por saber si son las empresas las que asumirán el coste o si las cotizaciones están bonificadas al 100%, como ocurre ahora en ciertos casos.
Teniendo en cuenta tan solo a los becarios de formación profesional, la Seguridad Social podría recaudar hasta alrededor de 109 millones de euros anuales por las cuotas de estos estudiantes. En el caso de las universidades, los rectores han advertido que estas no pueden asumir estos pagos. Y si las empresas tuviesen que hacerse cargo del coste, afirmaron que la medida podría suponer la caída de la oferta de prácticas, las cuales en muchos casos son obligatorias para conseguir el título.