La Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación ha hecho cálculos de lo que se ha dejado de ingresar desde los recortes impuestos por el Gobierno central el año 2012 en materia de dependencia. Teniendo en cuenta que, con el modelo de financiación de la Ley de dependencia anterior al año 2012, las Islas Baleares recibían 4,5 millones de euros, la Consejería apunta que en los últimos cuatro años se han dejado de ingresar 34 millones de euros por este concepto. Se trata de 34 millones que el Estado ha dejado de pagar, cosa que ha obligado a la Comunidad Autónoma a sostener el peso del sistema de atención en la dependencia. Además de estos millones que se han dejado de recibir, el Estado también ha reducido la aportación para cada beneficiario en razón de dependencia a las Islas Baleares. Eso quiere decir que, de cada prestación de dependencia, que tiene un coste de 2.000 euros por persona, el Gobierno central sólo paga 177 euros.
Con estas cifras, la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación ha reivindicado hoy en Madrid, a la reunión de directores generales de dependencia con el Imserso, que se devuelva al modelo de financiación anterior a los recortes impuestos por el Gobierno central el año 2012. Eso supondría volver a un sistema de financiación compartida, con el cual cada comunidad autónoma recibiría una cantidad para costear la estructura necesaria para aplicar la Ley de dependencia, que, en las Islas Baleares, hasta el año 2012, era de 4,5 millones de euros.
Otro de los puntos del orden del día, incluido a petición de la Consejería de Servicios Sociales, ha sido reclamar al Gobierno central la elaboración y la aplicación de un plan de infraestructuras en materia de dependencia. La carencia histórica de plazas en las Islas Baleares por la falta de inversión en construcción de residencias y centros de día ha hecho que sea necesario crecer en nuevas infraestructuras. Por eso, se reclama al Estado que compense esta falta de inversión y ayude a las comunidades autónomas a seguir construyendo nuevas residencias y centros de día para personas dependientes.
De esta manera, desde la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación, se ha reclamado a Madrid que, como mínimo, se devuelva al modelo de financiación anterior al año 2012 y que se aumente la aportación que hace el Gobierno a las comunidades autónomas para cada persona que recibe una prestación de dependencia. La aceptación de estas reclamaciones permitirían a comunidades autónomas como las Islas Baleares mantener una estructura óptima para desplegar la Ley de dependencia. Por otra parte, la Consejería no descarta reclamar en Madrid parte de los 34 millones de euros que ha dejado de recibir desde el año 2012.
