París, 12 dic (EFE).- Las abogadas de los tres etarras juzgados en París aseguraron hoy que el alto el fuego definitivo de ETA no tiene marcha atrás y que los materiales requisados en detenciones hechas desde 2011 en Francia no demuestran ningún aprovisionamiento, sino una simple gestión de los arsenales.
«No ha habido ninguna operación de aprovisionamiento desde 2011», afirmó Amaia Recarte ante el Tribunal de lo Criminal de París, que juzga a los presuntos miembros de la estructura de extorsión Ekaitz Sirvent Auzmendi, Ainhoa Ozaeta Mendicute y Peio Sánchez Mendaza.
Recarte rechazó el análisis de la Fiscalía, según la cual algunos arrestos de etarras en Francia en 2012 evidenciaban que ETA seguía reforzando sus arsenales, pese al anuncio del año anterior de que la organización terrorista abandonaba de forma definitiva la acción armada.
Según la letrada, lo que hacían esos miembros de la banda era simplemente «gestión del arsenal», y las aseveraciones del fiscal Jean-François Ricard constituyen «una manipulación».
La otra abogada, Yolanda Molina, que dijo defender «a militantes políticos» y «no a terroristas», hizo hincapié en que la declaración del abandono de la violencia por ETA «no fue un debilitamiento» de la organización por las operaciones policiales -como señaló Ricard- sino «una decisión política definitiva».
En una declaración leída cuando el tribunal dio la palabra a los acusados por última vez, Sirvent reiteró la idea del carácter definitivo del alto el fuego y afirmó que «ETA no se esconde, no miente» y mantiene su objetivo de «un Estado independiente y vasco».
«No somos terroristas, no lo hemos sido nunca, nunca ETA ha tenido voluntad de ser una organización terrorista», señaló el etarra, sobre la banda, que sí está clasificada como grupo terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos.
El fiscal pidió ayer 18 años de cárcel contra Sirvent y 16 años contra Ozaeta por considerar que ambos tenían una «alta responsabilidad» en la organización terrorista durante el periodo de acusación, así como por el «extremismo absoluto» que mostraron hasta su detención en 2009 y en 2008, respectivamente.
Consideró que el primero estos dos «no tienen ningún derecho para beneficiarse de las recientes evoluciones» en la estrategia de la organización terrorista, en alusión a su anuncio del alto el fuego definitivo en 2011, en primer lugar porque a ellos se les reprochan hechos referidos al periodo de 2003 a 2009, en una fase de gran violencia.
Para Sánchez Mendaza, que se encuentra en libertad bajo control judicial desde diciembre de 2008 tras haber estado tres años y nueve meses en prisión provisional, el Ministerio Público solicitó una pena de cinco años de cárcel, con posibilidad de que sean exentos de cumplimiento, y la expulsión definitiva de Francia.
El tribunal se retiró a deliberar tras dar la última palabra a los acusados y debe responder a 1.002 preguntas para fijar su sentencia, cuyo anuncio está previsto al cabo de unas horas.
