RÍO DE JANEIRO (dpa) – La violencia policial, una antigua llaga brasileña, vuelve a preocupar al gigante sudamericano en vísperas de la celebración de sus grandes citas deportivas: el Mundial de fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Desde junio pasado, cuando estallaron las masivas protestas populares durante la disputa de la Copa Confederaciones, se han vuelto rutinarias las escenas de policías lanzando bombas de gas lacrimógeno y disparando balas de goma contra manifestantes, que siguen hoy saliendo a las calles casi a diario, aunque en menor número.
Los conflictos son más violentos en Río de Janeiro, donde el gobernador Sergio Cabral logró aprobar una ley que permite arrestar sin derecho a fianza a personas sospechosas de destruir bienes públicos y privados durante las protestas o que participen en ellas enmascarados, como suelen hacer los anarquistas bautizados de «black blocs».
El antropólogo brasileño Luiz Eduardo Soares, ex secretario de Seguridad Pública de Río, divulgó recientemente un mensaje público dirigido a Cabral, en el que critica la táctica adoptada por el gobierno de usar los actos de los «black blocs» para justificar «una represión muy dura» a las protestas con uso de instrumentos similares a los empleados por la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.
En el mensaje, Soares exhortó el gobernador a abrir un diálogo con los sectores descontentos, incluso para viabilizar la celebración de las grandes citas deportivas.
«Debemos dejar de ser hipócritas y de actuar en nombre del orden y de la legalidad, porque esto sólo va a profundizar el bache, hará inviable cualquier posibilidad de diálogo y nos llevará a un cuadro de tensiones totalmente destructivo y regresivo desde el punto de vista democrático».
«¿Qué salida tendrá usted para mantener los grandes eventos e imponer el orden en la calle? ¿Será la sangre, las muertes, las acciones armadas, el uso de instrumentos de la dictadura? Este es un camino que nos lleva todos al abismo», expresó el antropólogo.
Según Soares, el cambio debe alcanzar también la actuación de los agentes que participan en el programa de Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), lanzado en 2007 por Cabral para ocupar favelas antes controladas por bandas de narcotraficantes.
El ex secretario de Seguridad sostuvo que las UPPs no han cambiado la cultura de violencia, que es la principal característica de la relación entre la policía y la población más pobre, y no ha logrado frenar «el verdadero genocidio» que ocurre en las favelas.
Las UPPs, creadas para reducir los índices de criminalidad en Río, son la «joya de la corona» de la administración de Sergio Cabral, pero afrontan crecientes cuestionamientos, en parte porque hasta ahora sólo han sido instaladas en comunidades ubicadas en áreas ricas o turísticas de la ciudad o en regiones vecinas a los lugares de disputa del Mundial y de los Juegos Olímpicos.
Además, la desaparición de un obrero en la favela Rocinha -la más grande de Río- en junio pasado reveló abusos de violencia por parte de los agentes que deberían ser responsables de la protección de los trabajadores de las comunidades.
Amarildo de Souza, de 49 años, desapareció horas después de ser detenido por agentes de la UPP, que se proponían interrogarlo sobre sus supuestas relaciones con narcotraficantes.
El hecho, que coincidió con el momento más activo de las protestas populares en Brasil, generó una fuerte reacción de la sociedad, que pasó a exigir de la gobernación una investigación completa sobre el caso.
Las investigaciones terminaron este mes, y resultaron en la imputación de 15 agentes, acusados de torturar hasta la muerte al obrero. El mismo grupo sometió a torturas a otros 22 habitantes de Rocinha, quienes nunca denunciaron los abusos, al parecer por temor a represalias.
Un estudio del Instituto de Seguridad Pública (ISP) divulgado esta semana parece revelar que la muerte de Amarildo de Souza no es un caso aislado: el número de desapariciones de personas en 18 de las 36 favelas que recibieron el proyecto de las UPPs aumentó -en lugar de disminuir- entre 2007 y 2012.
Según el secretario general de la organización Amnistía Internacional (AI), Salil Shetty, el Estado brasileño debe tomar medidas urgentes para frenar la violencia policial contra los grupos más vulnerables.
«Brasil sacó a millones de personas de la extrema pobreza y se convirtió en un actor global importante, pero existe un bache entre el compromiso del país con los derechos humanos y la realidad. La tasa de homicidios es una de las más elevadas del mundo, y el 20 por ciento de estos asesinatos es practicado por la policía».
«Esta violencia es un vestigio de la dictadura militar. Hay arrestos arbitrarios, desapariciones y asesinatos», agregó Shetty durante una visita a Brasil realizada en octubre, en la que no logró ser recibido en audiencia por la presidenta Dilma Rousseff.
«No entendí. Ella misma fue víctima de torturas (durante el período de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985)», lamentó. Según Shetty, si no se emprenden medidas para frenar la violencia policial, la situación podría reflejarse negativamente en la imagen del país en el exterior, ya que en el Mundial y en los Juegos Olímpicos «vendrán cámaras de todo el mundo».
Por Diana Renée
