Madrid, 6 nov (dpa) – El anuncio del cierre de la radiotelevión pública regional de la Comunidad Valenciana (RTVV) ha convulsionado el panorama mediático español. Fueron los propios trabajadores del conocido como «Canal Nou» quienes dieron el martes la «dura noticia» colectivamente en el plató de informativos.
Se confirmaba así lo que muchos temían: la clausura, tras 24 años de emisión, muchos millones de euros invertidos y una gestión cuestionada, de la que se erigió como plataforma pública audiovisual de la Comunidad Valenciana, una región con cinco millones de habitantes situada en la costa este de España.
Hasta hace unos meses contaba con una plantilla de más de 1.800 trabajadores. Tuvo años dorados, como otras televisiones regionales españolas, en los que las cuotas de pantalla llegaban al 22 por ciento, pero a partir del año 2000 se inició un descenso sin freno.
Sindicatos, políticos y trabajadores coinciden hoy en que la clausura de RTVV es el final de una concatenación de «despropósitos» políticos que han avanzado por la vía de una nefasta gestión de la empresa pública desde que el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy asumiera el gobierno regional en 1995.
Las cuantiosas pérdidas, con más de 1.000 millones de euros de deuda, abocaron recientemente al ente público a un expediente de regulación de empleo (ERE) que supuso el despido de un millar de trabajadores
La Justicia lo anuló este martes. Pero la cadena pública no podía asumir la readmisión de los trabajadores, por lo que el gobierno regional decidió de forma unilateral el cierre de RTVV.
Ahora se teme el efecto dominó. Hoy, las 13 televisiones autonómicas de España, cuya titularidad ostentan los gobiernos regionales, acordaron cinco minutos de paro en solidaridad con los compañeros valencianos.
Algunas viven momentos críticos, tras la caída de las audiencias y de los ingresos publicitarios, y el descenso del presupuesto público en medio de una crisis que asola a España desde 2008.
La televisión pública de Madrid, Telemadrid, despidió en enero a más de 800 trabajadores a través de un ERE que, según dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no se ajustaba a derecho.
Ahora, se encuentra a la espera de la resolución de un recurso presentado por los sindicatos. Hoy mismo, tras conocerse la clausura de RTVV, el presidente de la región de Madrid, Ignacio González, también del PP, aseguró que si los sindicatos hacen «inviable» Telemadrid y sigue siendo deficitaria «la única alternativa» será su cierre.
Las gallinas de los huevos de oro van muriendo. Desde el año 1983, buena parte de las 17 comunidades autónomas de España fueron creando su propio ente público de radio televisión con un sistema mixto de financiación a través de presupuestos públicos e ingresos privados.
Se convocaron oposiciones y cientos de profesionales fueron conformando parrillas y contenidos gestados, a veces, a gusto del gobernante de turno con objeto de sacar una rentabilidad política.
En el caso de RTVV, el servicio público se convirtió, según denuncian los propios trabajadores, en un instrumento de propaganda al servicio del gobierno regional plagado de presiones hacia los trabajadores.
«Recuerdo las millones de veces que en las que no me dejaron poner declaraciones de la oposición o de cualquier ciudadano que criticara al PP o a la Generalitat (gobierno valenciano)», explica la periodista de RTVV Iolanda Màrmol en su cuenta de Twitter.
«Recuerdo también cuando nos prohibieron decir ‘recortes’ y cuando no pude decir que miles de manifestantes gritaban contra el gobierno», añade, en una dura crítica a la manipulación informativa vivida y al derroche económico dirigido a loar a los dirigentes políticos de la Comunidad Valenciana.
«El episodio más sangrante fueron los inicios del caso Gürtel (caso de corrupción que desde 2009 salpica al Partido Popular), cuando nos daban textos ininteligibles», narra también la presentadora del canal Amàlia Sebastián en una entrevista publicada por la versión digital del diario español «El País».
Hoy la propia plantilla ha tomado el control de las emisiones con titulares inéditos y críticos contra el gobierno valenciano y a favor de la continuidad de la empresa pública.
Los trabajadores de RTTV exigen «responsabilidades políticas» y niegan tener parte de culpa. Muchos nunca denunciaron la situación vivida en el ente público porque temían represalias por parte de la directiva.
Pero además del temor a perder sus puestos de trabajo, hoy lamentan, sobre todo, que el cierre de la radiotelevisión pública suponga la desaparición de «la voz y los ojos» de la sociedad valenciana y su derecho constitucional y democrático a ser informada de forma objetiva y plural.
Por Ana Lázaro Verde
