San José, 23 sep (dpa) – La algarabía que vivió Costa Rica tras el triunfo en segunda ronda electoral de Carlos Alvarado, el presidente más joven de América Latina, se ha visto sacudida en las últimas semanas por una huelga indefinida de los sindicatos contra un plan fiscal que hoy cumplió catorce días.
El nuevo Gobierno, que se instaló el pasado 8 de mayo, ha sido sacudido por la dura protesta de los gremios, que lo desafían con marchas, bloqueos de carreteras y suspensión de servicios públicos como hospitales, centros de salud y cientos de escuelas y colegios.
En un abrir y cerrar de ojos, Costa Rica se ha sumergido en la incertidumbre ante una protesta que amenaza con extenderse por tercera semana consecutiva y que los medios ya han calificado como la peor en casi dos décadas.
Los empresarios, especialmente los del sector turístico, ponen el grito en el cielo al ver como sus arcas comienzan a debilitarse por el impacto de la protesta.
Alvarado, de 39 años, está empeñado en la aprobación en la Asamblea Legislativa de un proyecto impositivo conocido como Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que busca enfrentar un déficit en las arcas del Estado que ya se prolonga por más de una década y que superó en 2017 un 6,2 por ciento del Producto Interno Bruto, de unos 80.000 millones de dólares.
En Costa Rica casi nadie duda, incluidos los mismos sindicatos, de que debe aprobarse un proyecto impositivo. La pregunta es cómo.
Alvarado, quien tras instalarse en la presidencia dijo haber integrado un gobierno de unidad nacional, tiene en su gabinete a conocidas figuras como la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y el ministro de la Presidencia Rodolfo Piza, un ex contendiente en la pasada campaña al que sectores de izquierda y progresistas acusan de neoliberal.
Con escasa representación en el Parlamento, una decena de 57 diputados, el mandatario ha debido reformular su proyecto impositivo inicial ante la presión de sectores empresariales y políticos.
Así, normas como gravámenes a la subcapitalización, a las cooperativas, y la inclusión hasta de un renglón sobre amnistía tributaria, cuyos beneficiados según los sindicatos son las grandes empresas, van marcando el paso en la discusión.
En tales circunstancias, el «paquetazo fiscal», como es nombrado por los sindicatos, tiene entre sus puntos más conflictivos la transformación de un impuesto de ventas del 13 por ciento en uno por el mismo monto, pero ampliado a la canástica básica y otros rubros exentos hasta ahora.
Al mismo tiempo, aplica recortes y limitaciones a bonos y pluses salariales conquistados por empleados del sector público mediante negociaciones colectivas.
«Este paquete empobrecerá más a la clase trabajadora y asalariada», insiste en denunciar Albino Vargas, uno de los líderes de la huelga.
Pero el Gobierno reitera que la carga de impuestos recaerá sobre el 20 por ciento más pudiente del país y las grandes empresas.
Costa Rica, además, enfrenta presiones de organizaciones externas, como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), a la que aspira a ingresar, para que corrija sin demora o contratiempos el déficit en sus finanzas públicas.
Los sindicatos, que en el pasado Gobierno del también oficialista Luis Guillermo Solís fueron un aliado tácito, acusan a Alvarado de haber favorecido a sectores conservadores y «traicionado a las clases populares».
El Gobierno y gremios, con mediación de la Iglesia Católica, consumieron cuatro días en un «prediálogo» que no registró avances.
Los sindicatos demandan el retiro del «combo fiscal», como también lo llaman, del Parlamento y la negociación de un nuevo proyecto «patriótico y popular».
«Es una situación muy compleja, se necesita diálogo de muchos sectores», dijo dpa Carlos Sandoval, un académico y analista.
Por Ernesto Ramírez (dpa)
