Badalona (España), 29 mar (dpa) – La ONG española Proactiva Open Arms podría enfrentarse en Italia a una multa de 3,2 millones de euros si prospera la causa abierta por presunto fomento de inmigración ilegal a raíz del rescate de 216 migrantes en el mar Mediterráneo, según explicaron hoy fuentes de la organización.
Los abogados de la ONG aseguraron en rueda de prensa que si hay una condena por este delito la multa ascendería a 15.000 euros por cada uno de los migrantes rescatados con su barco en alta mar y transportados a un puerto de Sicilia a mediados del mes de marzo.
El capitán del barco y la coordinadora de la misión se podrían enfrentar además a penas de hasta tres años de prisión, confirmaron fuentes de la ONG a dpa.
«Si eliminan a las ONG que operamos en el Mediterráneo, se borran los rescates de migrantes que abandonan Libia», advirtió hoy el fundador de la organización, Óscar Camps, en Badalona (España).
Proactiva Open Arms está en el punto de mira de la Justicia italiana por no entregar a mediados de marzo a una patrulla de la guardia costera libia a los más de 200 migrantes que había rescatado poco antes con su barco en alta mar, como estipula un acuerdo entre el país africano y la Unión Europea (UE).
El buque pidió entonces permiso para atracar en Italia con los migrantes. Cuando lo obtuvo, dos días después, los desembarcó a en el puerto siciliano de Pozzallo. Italia abrió entonces una investigación y el fiscal ordenó la confiscación de la nave.
La Justicia italiana confirmó la retención del barco hace dos días y ordenó retirar los cargos más graves contra la ONG, que será investigada por fomento de la inmigración ilegal y no por asociación criminal.
La causa contra la ONG fue trasladada a la localidad italiana de Ragusa. La Fiscalía tiene ahora 20 días para rehacer la querella contra la organización y decidir si mantiene la petición de bloquear el barco.
Los fiscales italianos sospechan que la ONG quebrantó las leyes por haberse negado a obedecer órdenes libias y posteriormente haber llevado a los migrantes a Italia en vez de a Malta, el puerto más cercano.
Los abogados de la organización aseguraron hoy que las acusaciones no tienen fundamento jurídico ya que no existe una zona reconocida internacionalmente en la que las autoridades libias asuman las tareas de rescate de migrantes. Argumentaron, además, que contaron con el visto bueno de Italia para desembarcar en este país.
Proactiva Open Arms denunció también que su barco le cuesta unos 5.000 euros diarios aunque no esté en funcionamiento y que la «incautación puede durar tanto como el procedimiento».
«Puede quedar retenido por mucho tiempo, con el gasto que supone, y la Justicia italiana es lenta como española», explicó Camps.
