Washington, 29 jun (dpa) – La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó hoy la separación de familias inmigrantes que ha llevado a cabo Donald Trump en la frontera con México con la aprobación de la primera resolución crítica en años con Estados Unidos, pero evitó una condena explícita al Gobierno republicano.
El texto fue aprobado en Washington por consenso por el consejo permanente, es decir, no se votó, sino que recibió luz verde al no expresar ningún miembro en ese momento su oposición a él.
Eso fue posible gracias a cambios incluidos en el último momento que descafeinaron una crítica a Washington que, según dijeron fuentes diplomáticas bajo condición de anonimato, hubiera impedido la aprobación en votación por la oposición estadounidense y numerosas abstenciones.
La resolución fue impulsada por México y copatrocinada por los países del violento Triángulo Norte centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala), del que procede la mayoría de las familias que cruzan a Estados Unidos desde México.
Manifiesta «enérgicamente el rechazo a cualquier política migratoria que conduzca a la separación de familias» y la califica de violatoria de los derechos humanos.
En el segundo punto resuelve «urgir al Gobierno de Estados Unidos a implementar las medidas recientemente anunciadas dirigidas a evitar la separación de familias y tomar los pasos necesarios para reunificar a niños con sus padres lo más rápido posible».
Este párrafo fue añadido en el último minuto para sustituir al inicial que urgía a la administración de Trump «a no recurrir a la separación» de familias «ni a la privación de la libertad» de los menores. Esto último es algo a lo que abrió la puerta la orden ejecutiva de Trump de la semana pasada.
La separación desde el 19 de abril de más de 2.300 niños de sus padres después de ser arrestados estos tras entrar ilegalmente en Estados Unidos generó una ola de indignación dentro y fuera del país que obligó al presidente Trump a dar marcha atrás en una política pensada para desincentivar la llegada de inmigración ilegal a su país.
El decreto que firmó la semana pasada no frena la persecución penal de los indocumentados, sino que establece que los niños sean encarcelados con ellos. La Justicia estadounidense dijo en el pasado que no es posible más allá de 20 días y Trump espera ahora, en medio de las protestas, que un tribunal lo autorice.
Muchos niños separados hasta la firma del decreto continúan en centros de acogida repartidos por 17 estados norteamericanos. Una juez de California ordenó el martes al Gobierno que los reúna con sus padres en un plazo máximo de 30 días.
La resolución aprobada hoy pide también una visita a la frontera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el órgano independiente y autónomo de la OEA que vigila el cumplimiento de los derechos humanos en el continente.
«No busca condenar a ningún país, mucho menos a uno con una sociedad democrática vibrante que ha expresado profundos desacuerdos internos (en la separación de familias)», dijo el embajador mexicano, Jorge Lomónaco, ante el resto del consejo permanente. La condena es a «una política cruel e inhumana que viola los derechos humanos de los más vulnerables», añadió.
El embajador estadounidense, Carlos Trujillo, permitió la aprobación por consenso del texto, pero luego expresó ante la prensa el desacuerdo de la administración norteamericana, que hizo constar en un pie de página del documento.
Trujillo reiteró lo que han venido defendiendo Trump y el vicepresidente Mike Pence. «Estados Unidos es hogar de bienvenida a inmigrantes», dijo. Pero Estados Unidos tiene el derecho «soberano» a defender sus fronteras y fijar su política migratoria.
En declaraciones a la prensa, el embajador mexicano argumentó que su país no objetó la suavización del texto en aras de lograr el consenso. «Es un un hito sin precedentes que una iniciativa que condena una política del Gobierno de Estados Unidos fue adoptada con el consentimeinto de Estados Unidos», dijo, pese a que el texto no incluye ni una sola vez la palabra «condena».
El embajador Lomónaco puso el énfasis en la visita de la CIDH que pide la resolución y en que Estados Unidos no la haya rechazado expresamente.
La intención es que esa visita pueda servir, entre otras cosas, para la adopción de medidas cautelares por parte de la CIDH para las familias de inmigrantes en la frontera. De momento no existe ninguna de estas medidas de protección urgente que la Comisión aprueba ante el riesgo inminente de una pérdida irreparable, pero esta ha recibido al menos dos solicitudes para ello.
Lo que ha hecho la CIDH hasta ahora ha sido solicitar información a Estados Unidos, antes de decidir sobre la posible adopción de medidas cautelares, según fuentes de la propia Comisión.
Por Sara Barderas (dpa)
