La Junta del Principado reclama del Gobierno un Plan de Inclusión Social hasta 2017

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palamento_20130913133437_8001Oviedo, 7 mar (EFE).- El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado hoy por unanimidad reclamar del Gobierno regional la elaboración de un Plan de Inclusión Social para el periodo 2014-2017 que incluya una memoria económica con la previsión presupuestaria para su desarrollo.

La iniciativa ha salido adelante tras admitir el grupo proponente, Foro, varias enmiendas presentadas por el resto de grupos a su propuesta inicial que planteaba requerir al Ejecutivo la presentación de un plan integral contra la pobreza ante «los alarmantes datos» que se registran en Asturias.

Así, según los datos aportados por Foro en su exposición de motivos, la última Encuesta de Condiciones de Vida 2013 alertaba de un incremento en siete puntos de la tasa de pobreza de la comunidad autónoma, que se había situado en el 16,9 por ciento frente al 9,9 por ciento de 2012.

Para la diputada de Foro Esther Landa, la exclusión social y la pobreza han registrado así un incremento «escandaloso» en Asturias y la única medida del Gobierno ha sido llevar hasta los dieciocho meses el retraso medio para cobrar el salario social, un plazo «inaceptable» que hace necesario acompañar esta prestación de un conjunto de medidas de choque.

Por el contrario, para la parlamentaria socialista Nuria Devesa, pese a que su grupo había decidido finalmente apoyar la iniciativa, los objetivos de ésta están «ampliamente superados» por la denominada Agenda Social diseñada por el Gobierno regional que, a su juicio, es «más ambiciosa» que el texto propuesto por Foro.

En la sesión ha salido además adelante una moción presentada por IU relativa a la situación de la plantilla de docentes en la enseñanza pública tras la ruptura de las negociaciones que mantenían la Consejería de Educación y los sindicatos.

La iniciativa pide al Gobierno que cumpla los acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales en esta materia, que no amortice en los próximos cursos ninguna plaza vacante por jubilación a no ser que concurran circunstancias excepcionales y que negocie el establecimiento de una plantilla propia para cada centro que evite en lo posible itinerancias y puestos compartidos.

Además, reclama que la Consejería no suprima unidades en ningún nivel educativo hasta tanto no se haya concluido el proceso de matriculación, aspecto este al que ha votado en contra el grupo socialista al igual que a la no amortización de plazas.

Durante el debate de la interpelación previa sobre este asunto, la consejera de Educación, Ana González, había asegurado que entre el año 2011 y el 2013 el número de profesores no universitarios se ha reducido en Asturias en 260, frente a los miles que algunos dicen que se han perdido al hacer «cálculos torticeros».

La gestión realizada por la Consejería en este ámbito ha sido criticada durante el debate de la iniciativa por todos los grupos de oposición que, en el caso de Foro, ha instado al Ejecutivo por boca de su diputado Manuel Peña a no empeñarse «en echar la culpa a los demás» tras haber gobernado Asturias los últimos treinta años.

Para la popular Susana López Ares, la falta de planificación de la Consejería fue la que llevó a los sindicatos a levantarse de la negociación, a la vez que ha criticado los problemas generados por la falta de atención a las alegaciones presentadas por los centros.

Por su parte, el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, ha recordado que por sexto año consecutivo se reduce la plantilla de profesores pese a seguir incrementándose el número de alumnos.

Estas acusaciones han sido rechazadas por el portavoz del PSOE, Alejandro Vega, que ha incidido en que Asturias mantiene las ratios de alumnos por aula más bajos de España, fundamentalmente en la zona rural, y ha garantizado que el Ejecutivo respeta la reivindicación sindicales «tan legítima como la del Gobierno de defender el interés general».

Vega ha acusado además al resto de grupos de convertirse en «los portavoces del descontento» pese a que el 77 por ciento de los centros educativos públicos se ha mostrado de acuerdo con la propuesta de plantilla realizada por la Consejería.