Sevilla, 24 feb (EFE).- La juez de los ERE ha archivado la causa contra la secretaria de un directivo de Vitalia imputado, en el segundo sobreseimiento que dicta respecto a uno de los 143 imputados aunque a la vez ha añadido otros dos acusados por las ayudas para poner fin a la huelga de la limpieza pública en Granada.
La juez Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, archiva la causa respecto a Eva María D.M., que fue secretaria de Antonio Albarracín, director comercial de la aseguradora Vitalia, pues «no queda suficientemente acreditada, atendiendo al estado actual de la instrucción, su participación en los hechos que le fueron imputados».
Se trata del segundo archivo que decreta la magistrada tras el dictado respecto a Antonio Arquero, presunto perceptor de 449.981 euros irregulares, por fallecimiento del interesado el 25 de agosto del 2012.
En cuanto a Eva María D.M., compareció ante Alaya en diciembre del 2013 y fue imputada de delitos de falsedad, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por las pólizas gestionadas por Vitalia, pero ahora la Fiscalía ha apoyado el archivo de la causa respecto a ella.
Ante su nueva condición procesal, Alaya cita a la secretaria como testigo el día 26 de marzo para «ratificar, aclarar o ampliar» la declaración que prestó como imputada.
En otro auto al que ha tenido acceso Efe, Alaya imputa a otras dos personas los las ayudas concedidas para poner fin a la huelga de la limpieza pública de Granada en el 2005.
Se trata de Álvaro Mollinedo, responsables de Relaciones Laborales en la empresa FCC-Andalucía, y José Antonio Pérez Santos, jefe de Relaciones Laborales en Andalucía de la empresa Cespa.
Por otra parte, la juez ha acordado remitir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una denuncia tramitada por la Fiscalía por la ayuda de 750.000 euros que recibió de la partida 31L o «fondo de reptiles» el Ayuntamiento de Los Palacios (Sevilla) para construir un centro ecuestre.
Dicha ayuda fue firmada en el 2003 por el entonces alcalde de Los Palacios, Antonio Maestre (PSOE), con el ex director general de Trabajo ya imputado Francisco Javier Guerrero, pero de la ayuda concedida «únicamente se ha acreditado por parte del Ayuntamiento» el pago de dos gastos de 10.440 y 11.994 euros, según el auto.
