Madrid, 2 nov (dpa) – La Fiscalía española pidió hoy 25 años de prisión para el ex vicepresidente del Gobierno de Cataluña Oriol Junqueras y entre 16 y 17 años para otros ocho procesados por el referéndum independentista celebrado en la región en octubre de 2017.
En sus escritos de conclusiones provisionales, tras la apertura de juicio oral por el caso, el ministerio público considera que los nueve cometieron un delito de rebelión, uno de los más graves del código penal español, penado con hasta 30 años de cárcel.
Además de Junqueras, para quien también se pide 25 años de inhabilitación absoluta, entre los acusados de rebelión están la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, los dos líderes civiles independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y cinco ex miembros del Gobierno catalán encabezado por Carles Puigdemont (Joaquim Forn, Raul Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa).
En total, 18 acusados irán previsiblemente a juicio por el proceso independentista catalán.
A los otros nueve la Fiscalía los acusa de malversación de caudales o desobediencia grave. Las penas que reclama el ministerio público para ellos van desde siete años de cárcel a multas e inhabilitación.
La Fiscalía considera que el plan secesionista, que tuvo su momento álgido el 27 de octubre de 2017 con una declaración para crear una república catalana independiente, contemplaba «la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo», incluida, ante la certeza de que el Estado español no iba a aceptar esta situación, «la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban».
Desmarcándose de la línea de la Fiscalía, la Abogacía del Estado descartó la rebelión en la acusación de los procesados y los acusó de sedición y malversación (delitos con penas menores), una decisión que la prensa española interpretó como un guiño del Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos independentistas catalanes, cuyo apoyo necesita el mandatario socialista en el Parlamento español.
Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó para el ex jefe de la Policía catalana (Mossos d’Esquadra) Josep Lluís Trapero 11 años de cárcel por rebelión, al considerar que «diseñó» unos «mecanismos de actuación» que impideron que los agentes cumplieran las instrucciones de la Justicia española contra el llamado «procés» (proceso independentista).
Algunos de los ex dirigentes independentistas procesados, como Junqueras, fueron enviados justo hace un año a prisión de forma provisional mientras que otros miembros del Gobierno regional, como el ex presidente Carles Puigdemont, huyeron a Bélgica y a otros países para evitar ser detenidos en España. Estos últimos no serán de momento juzgados.
El proceso judicial por el referéndum independentista catalán marca un punto de inflexión en un momento delicado en la política española, con el Gobierno de Sánchez en minoría en el Parlamento.
El mandatario necesita el apoyo de los partidos independentistas catalanes para sacar adelante iniciativas y aprobar los presupuestos para el próximo año y éstos condicionan su respaldo a un movimiento del ministerio público respecto a los separatistas presos.
Tras la presentación de los escritos de acusación, los abogados de los procesados cuentan con un plazo de cinco días para remitir sus escritos de defensa al tribunal.
