Recientemente el Congreso de los Diputados ha aprobado una nueva ley educativa con los votos solitarios del P.P.
En la misma aparece nuevamente como asignatura evaluable la Religión Católica. Se justifica tal decisión por los acuerdos establecidos entre la Santa Sede y el Estado Español, negociados en el periodo de transición política tras la muerte de dictador y que buscaban, en aquel entonces, la normalización democrática de la vieja cuestión religiosa proporcionando garantías a la iglesia católica y a los ciudadanos/as católicos/as.
En estos años la sociedad española ha evolucionado profundamente. Lo ha hecho de la mano del sistema de derechos y libertades que le ha garantizado nuestra Constitución. Nuestra sociedad ha sabido dotarse de una moral cívica que hunde sus raíces en los principios, valores y derechos constitucionales. Y así los ciudadanos y las ciudadanas españolas han hecho compatibles estos criterios y valores de conducta con sus íntimas convicciones religiosas.
Es una sociedad tolerante en la que gozamos de libertad para vivir conforme a nuestras convicciones y creencias. Que no combatimos la religión. Que la respetamos. Que la situamos en la conciencia individual de las personas.
Somos una sociedad plural que merece y requiere un estado laico en sus disposiciones, actuaciones y manifestaciones. Nos merecemos un estado en el que los poderes públicos no interfieran en la conciencia de las personas; pero también que las confesiones religiosas no traten de imponer su visión de la convivencia pública de los ciudadanos. La iglesia no puede llegar a negar la legitimidad del estado para dictar sus propias leyes, en la educación, en los derechos de las mujeres, en la regulación del matrimonio y en los derechos de las personas o en el régimen fiscal de determinados bienes y actividades.
¿Era pues necesario imponer al estado social y democrático de Derecho que establece la Constitución la asignatura de Religión en las escuelas?.
