Palma, 18 ago (EFE).- La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares un recurso contencioso administrativo contra ordenanza cívica aprobada el pasado mayo por el Ayuntamiento por considerar que es, básicamente, «recaudatoria».
Esta mañana, una veintena de representantes de este colectivo se ha congregado en la plaza de Cort para mostrar su rechazo a la ordenanza de civismo y convivencia.
El presidente de la federación, Joan Forteza, ha indicado que con el recurso el colectivo pretende tumbar la ordenanza después de haber sido ignorado por Cort.
«Ni nos ha escuchado, ni mucho menos nos ha tenido en cuenta», ha dicho el presidente de la federación.
Forteza ha explicado a la prensa que la federación ha recogido «el sentimiento, las quejas, las sugerencias de un buen grupo de 16 colectivos, asociaciones y entidades».
Entre estas, ha citado a Comisiones Obreras de Baleares, Unidad Cívica para la República, Profesionales del Ámbito Social, y a colectivos de artesanos de la Catedral.
«Nosotros creemos que la ordenanza obedece a toda una estrategia política bien diseñada por el Partido Popular», ha señalado el presidente de la federación.
Según Forteza, la ordenanza se está aplicando en la Playa de Palma con unos resultados «inciertos y contradictorios» y a partir del próximo septiembre se hará cumplir en Palma.
El colectivo ha presentado el recurso, porque según ha apuntado, pretende que esta normativa retirada, «ya que no ha sido consensuada ni con los partidos políticos ni con las entidades ciudadanas», de acuerdo al presidente de la federación
Forteza ha apuntado que la federación no ha sido consultada y que «sólo ha sido informada a posteriori».
«El sólo hecho de haber presentado el recurso nos permitirá tener la información completa colateral de todos los informes jurídicos, técnicos y policiales que acompañan la ordenanza», ha señalado Forteza.
Ha destacado también, que «queremos saber si los políticos han tenido en cuenta estos informes y los han aplicado o simplemente han pasado por encima».
«Nosotros creemos que lo que más se vulnera son los derechos de los ciudadanos en la calle, es decir, el derecho a la asociación, derecho de «presencia propia», poder repartir folletines, etc.», ha opinado.
Según Forteza, en el caso de la prostitución «la ordenanza no regula, sino que penaliza al cliente».
«Las actuaciones de profesionales y artesanos en la calle, que ahora mismo están discriminados, simplemente actualizando las ordenanzas que había existentes, sería posible su regulación, esta solo prohíbe y sanciona», ha manifestado.
Forteza ha denunciado que «ahora hacen una policía más represiva dando una cobertura legal a sus actuaciones».
Los policías municipales llevarán un «acta» que según el supuesto delito que el ciudadano cometa, contempla una sanción de mayor o menor cuantía de dinero.
El presidente de la federación ha remarcado que en relación a la aplicación de la ordenanza, «no hay un reglamento específico de actuación, sino una interpretación por parte de los municipales que tienen que cumplir la ordenanza».
La ordenanza cívica se ocupa de regular y garantizar una serie de normas como la mendicidad, conductas en el espacio público o el comercio ambulante, entre otras.
