Managua, 3 oct (dpa) – La «Comisión de la Verdad, Justicia y Paz» creada por el Parlamento de Nicaragua desestimó hoy denuncias de maltrato, torturas y violaciones a manifestantes detenidos por protestar contra el Gobierno, se informó en una nota de prensa.
El informe indicó que miembros de la entidad visitaron las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como «El Chipote», para «constatar la veracidad» de las denuncias presentadas por familiares de presos y defensores de derechos humanos.
«Se logró comprobar con el testimonio de los recluidos que no existen prácticas inhumanas o ilegales, tales como tortura o uso de celdas de castigo», destacó el comunicado.
Familiares de detenidos por participar en protestas han denunciado casos de tortura física, maltrato psicológico, mala alimentación y desatención a prisioneros enfermos, tanto en «El Chipote» como en la cárcel Modelo y el penal de Mujeres.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y varias ONGs de derechos humanos de Nicaragua han documentado varias de esas denuncias en los últimos meses.
Sin embargo, la Comisión de la Verdad aseguró que «las celdas ubicadas en ‘El Chipote’ cumplen los estándares internacionales y que al igual que los prisioneros (en los otros dos penales) gozan de buenas condiciones y están recibiendo atenciones médicas acorde a sus necesidades».
Según el comunicado, la visita también se realizó para verificar la cantidad de personas detenidas por haberse vinculado a las protestas iniciadas el pasado 18 de abril. El informe, no obstante, no divulgó cifras de los prisioneros.
Según la coalición opositora Alianza Cívica, al menos 400 personas han sido detenidas por protestar contra el presidente Daniel Ortega en más de cinco meses.
El Gobierno a través del viceministro de Gobernación (Interior), Luis Cañas, ha reconocido que tiene 204 prisioneros, de los cuales siete han sido condenados y 197 están bajo proceso judicial, en su mayoría acusados por terrorismo y otros graves delitos.
La crisis ha dejado al menos 200 muertos según el Gobierno, aunque la CIDH contabiliza 320 fallecidos y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH, no gubernamental) eleva la cifra de víctimas a 512, además de casi 4.000 heridos.
