Whashington/Managua, 8 ago (dpa) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA condenó hoy en un comunicado los persistentes ataques contra periodistas y medios de comunicación en Nicaragua, donde el gremio independiente denunció «ataques a las libertades de prensa y expresión» por parte del Gobierno de Daniel Ortega.
«La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condena la persistencia de amenazas constantes contra la seguridad de los periodistas, vigilancia y presiones políticas a los medios de comunicación en Nicaragua», señaló en un comunicado la entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Relatoría Especial hizo además un «llamado urgente» al Estado de Nicaragua «a hacer cesar estas acciones y garantizar el libre e independiente funcionamiento de los medios de comunicación en el país», que vive desde abril su peor crisis política de las últimas décadas.
Según la CIDH, uno de los casos que ha sido constatado por su misión en Nicaragua es el de Canal 10, cuya redacción y gerencia están «bajo presión gubernamental» desde que comenzó la crisis política.
Dicho asedio abarcó a todos los medios de comunicación que tras el inicio de las protestas recibieron «presiones del órgano regulador de las telecomunicaciones para sacar del aire programas percibidos como opositores» y de «restringir la difusión de información sobre los sucesos» que entonces sacudían al país, denunció el organismo.
«La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión también han observado con grave preocupación estigmatización, agresiones, seguimientos y ataques contra periodistas y camarógrafos que cubren la crisis» en Nicaragua, añade el texto.
«Los reiterados intentos del Gobierno de controlar a los medios de comunicación a través de presiones y mecanismos regulatorios carentes de independencia representan una grave amenaza a la libertad de expresión», afirmó el relator especial, Edison Lanza.
Hoy durante un foro celebrado en Managua, decenas de periodistas denunciaron nuevos «ataques a las libertades de prensa y expresión» por parte del Gobierno de Ortega, que dijeron intenta acallar así a los medios de comunicación privados del país.
Invitados por las Fundación «Violeta Barrios», los periodistas que analizaron la situación de la libertad de expresión en Nicaragua denunciaron además las presuntas pretensiones del Gobierno de monopolizar los medios televisivos del país, al buscar bajo «presiones políticas y financieras» el control de los canales 10 y 12, los únicos independientes en televisión abierta.
«Si Ortega y (su esposa y vicepresidenta Rosario) Murillo lograran cerrar el noticiero Acción 10 (de canal 10) y doblegar al Canal 12, tendrían un control absoluto sobre la televisión nicaragüense» lo que supondría «un duro golpe a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y a la libertad de información», advirtieron los periodistas en un pronunciamiento.
Según el documento, la administración Ortega controla actualmente el estatal Canal 6, el Canal 98 del Parlamento, los canales 19, 22 y la barra noticiosa de Canal 2, mientras que a través del partido gobernante Frente Sandinista es propietario de los canales 4, 8 y 13, estos últimos administrados o dirigidos por los hijos de Ortega.
«Es un golpe a la libertad de expresión porque los nicaragüenses habrán perdido ventanas de expresión libre y de denuncia contra los abusos del régimen Ortega Murillo que desde que regresó al poder en 2007 no ha cejado en su intención de acallar las voces plurales», indica el texto.
«La dictadura quiere imponer un reino del silencio en donde solo se escuche la voz del régimen y su versión disparatada sobre los hechos, en particular los acontecimientos de los últimos cinco meses», señalaron los periodistas que condenaron además los «ataques, campañas de difamación, hostigamiento y amenazas de muerte» a más de una veintena de comunicadores.
De acuerdo con ONG de derechos humanos, la acción policial y de paramilitares durante la crisis iniciada el 18 de abril en Nicaragua ha cobrado la vida de 481 personas, mientras el Gobierno registra solo 198 muertos.
En tanto, el economista independiente Néstor Avendaño advirtió hoy que la grave crisis política que afecta al país centroamericano ha provocado una «fuga masiva» de 1.054 millones de dólares (864 millones de euros) en depósitos en menos de cinco meses, suma equivalente al 18 por ciento del total de depósitos en manos del sistema financiero nacional.
Según el experto se trata de una situación «peligrosa» que obedece a la «desconfianza que provoca la crisis política» y «rebalsó los límites tolerables», por que sugirió al Gobierno dar una «respuesta política» para «evitar un mayor daño a la economía» del segundo país más pobre de Latinoamérica.
El economista afirmó que la banca privada de Nicaragua no tiene liquidez para afrontar una fuga acelerada de divisas, lo que obligará al Banco Central (emisor) a recurrir a las reservas internacionales, hoy calculadas en 2.445 millones de dólares.
Por Johnny Cajina (dpa)
