San José, 5 feb (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó hoy en Costa Rica un informe en el que aboga por una mayor protección e independencia de los jueces, fiscales y defensores de América con el fin de que ejerzan correctamente sus funciones.
El presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, dijo al presentar el estudio que «la protección de los operadores de justicia es una obligación del Estado», y afirmó que «su seguridad y protección es esencial para que trabajen libres de presiones y de temores por las decisiones que tomen».
«Si los Estados no garantizan la protección ante toda clase de amenazas, el trabajo de los operadores de justicia puede ser gravemente afectado, frustrando el acceso a la justicia de miles de personas», aseguró.
El informe «Garantías para la independencia de las y los operadores de Justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de derecho en las Américas» contiene una serie de recomendaciones.
En el documento se evalúan cuatro puntos: la independencia desde el punto de vista institucional, el proceso de selección de jueces y fiscales, las condiciones de trabajo y la aplicación de los procesos disciplinarios.
Sobre la seguridad, el estudio señala que los Estados deben fortalecer o crear programas de protección efectivos para jueces y fiscales y destinar los recursos económicos necesarios para ese motivo.
Orozco señaló como una de las recomendaciones que los Estados del continente americano que aún no lo hayan hecho deben avanzar para establecer con claridad en sus Constituciones Políticas la separación de los poderes.
«La CIDH insiste en que la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes debe ser respetada», manifestó Orozco durante la presentación del informe, celebrada en la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
En este sentido, una de las recomendaciones de la CIDH es que se realicen reformas legales para que el Poder Ejecutivo o el Legislativo no sean los responsables de nombrar a los presidentes y jueces de los altos tribunales.
Además, la CIDH abogó por una independencia de la Defensora Pública, pues es común en los países de la región que se encuentre adscrita al Poder Judicial.
El informe también propugna evitar que la financiación del Poder Judicial dependa completamente de otro poder y que los nombramientos de sus funcionarios se rijan por la transparencia y por los méritos académicos y profesionales de los candidatos a los puestos.
La CIDH recomienda asimismo mejores remuneraciones para los operadores de justicia para evitar presiones externas y corrupción, llevar a cabo capacitaciones permanentes y construir canales de comunicación efectivos entre los fiscales, los jueces y los defensores públicos.
