La Agenda 2030 del Gobierno asturiano

El Gobierno del Principado de Asturias impulsa, a través de la Consejería de Presidencia, una estrategia de desarrollo sostenible que asuma los retos de la Agenda 2030 en las principales políticas públicas y que dé continuidad al programa Asturias compromiso solidario de la pasada legislatura. Su fin es fijar las prioridades económicas, sociales y de progreso para los próximos años y cumplir al mismo tiempo los 17 objetivos de desarrollo sostenible que buscan la igualdad, la protección del planeta y la prosperidad mediante un nuevo contrato social global que no deje a nadie atrás.

Este propósito debe alcanzarse, además, afrontando cinco grandes retos: establecer un modelo industrial competitivo con la ciencia como principal aliado; conseguir más y mejor empleo; ofrecer unos servicios públicos accesibles, bien desplegados en el territorio, y de alta calidad; garantizar la igualdad entre las personas, y atajar la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de población. A continuación se resumen algunas de las líneas de trabajo.

Lucha contra la pobreza y la exclusión.

Se establecerá un sistema de prestaciones que cubra las necesidades básicas de las personas vulnerables, con el salario social básico como elemento nuclear. También se reconocerán como un derecho las ayudas al alquiler y los complementos vitales a la infancia y a las personas con discapacidad o en situación de dependencia. También se mejorará la calidad de la intervención técnica en los procesos de exclusión coordinando las áreas de empleo y servicios sociales y fomentando el acompañamiento personalizado para los demandantes de empleo.

Igualdad.

Para garantizar la igualdad de oportunidades se promoverá la igualdad de género, se garantizará la continuación de la atención integral a las mujeres víctimas de violencia machista y se impulsará la participación de la mujer con un papel protagonista en todos los ámbitos de la sociedad.

Movilidad y urbanismo sostenible.

La incorporación de un plan de movilidad para la ordenación del territorio del área central de Asturias que garantice la sostenibilidad económica, social y ambiental es otra de las líneas de trabajo. Su finalidad es actuar sobre las infraestructuras para facilitar el desplazamiento de personas y mercancías y el progreso de la forma más sostenible y eficiente, favoreciendo el transporte público frente al privado. También incorporará criterios para asegurar el uso racional del suelo y la mejora de la compacidad y el equilibrio urbano según los principios de desarrollo sostenible.

Cambio climático.

El Principado ha impulsado la creación de una comisión mixta integrada por los agentes sociales y económicos que está evaluando el impacto de la transición energética en Asturias. Además, se creará un órgano colegiado de carácter consultivo para garantizar la coordinación de las acciones administrativas y de gobierno que se pongan en marcha en materia de cambio climático. Anticipar el impacto de la transición energética permitirá desarrollar medidas territorializadas en aplicación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, lo que aumentará la generación de energía con fuentes renovables y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Educación e investigación.

La educación seguirá siendo una prioridad, al igual que el impulso a la investigación científica y técnica. Por ello, se continuará impulsando la convocatoria de ayudas postdoctorales a institutos universitarios de investigación y acreditación de centros de excelencia. También se mantendrán las escuelas rurales.

Economía social.

Para favorecer la economía social están previstas convocatorias de ayudas y subvenciones para fomentar el asociacionismo entre las cooperativas y sociedades laborales y potenciar el autoempleo colectivo.

Gobierno abierto.

La aprobación de la Ley 8/2018 de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés del Principado se completará con una Ley de Participación Ciudadana que está actualmente en elaboración. La primera de estas normas aumenta la transparencia de la acción de gobierno y facilita el acceso a la información y la rendición de cuentas. La segunda regulará los mecanismos que favorecen la participación de la ciudadanía en la esfera pública.