La letrada Concepción Trabado ha atribuido este martes a una «persecución ideológica» por parte de la Delegación de Gobierno las imputaciones a su cliente, el ex coordinador de IU-Xixón, Jesús Montes Estrada ‘Churruca’, que se enfrenta a un delito de atentado a la autoridad, dos de lesiones y tres faltas de lesiones, por supuestamente la agresión a agentes durante los altercados frente al Teatro Jovellanos el pasado julio por una actuación del grupo israelí ‘Sheketak’.
Así lo ha indicado en rueda de prensa en la ha participado el propio Churruca, y los candidatos regional y local de IU a los próximos comicios del día 24, Gaspar Llamazares y Aurelio Martín, respectivamente. Todos ellos han hecho una crítica expresa al recorte de derechos en los últimos tiempos.
Trabado, que ha explicado que la celebración del juicio está pendiente de varios recursos presentados, ha mostrado su indignación a que el magistrado no haya considerado procedente la denuncia presentada por su cliente contra los agentes, después incluso de haber sufrido una brecha en la cabeza. Una circunstancia que también ha sido recurrida.
Asimismo, ha hablado de «brutalidad policial» y ha recordado que junto a Churruca hay otras cuatro personas acusadas, una de ellas el hijo del ex dirigente local de IU, a las que se les imputa un delito de atentado. Trabado ha incidido en que Delegación de Gobierno no mandó a la Policía a la entrada del Jovellanos para permitir el acceso del público, sino que los agentes iban armados y con material antidisturbio que usaron contra los que allí se manifestaban pacíficamente.
Para la abogada, es «imposible» que personas de más de 65 años, como son la mayor parte de los imputados, hayan cometido esas agresiones de las que se les acusan. De hecho, ha asegurado que ningún agente sufrió lesión alguna por parte de los manifestantes.
MUCHOS MÁS CASOS
Churruca, por su parte, ha recalcado que su caso no es la excepción y ha apuntado que en España hay más de 800 sindicalistas condenados a penas de cárcel. Y en el caso de Gijón, ha citado la Ordenanza Cívica, por la que se han impuesto sanciones a decenas de personas.
Asimismo, ha incidido en que tanto Llamazares como Martín, cada uno en su ámbito de competencia, «pelearon mucho» para hacer ver que los recortes de derechos iban «más allá de lo meramente razonable». «De qué coño de Democracia estamos hablando», se ha preguntado ante los citados recortes.
ESTDO AUTORITARIO
Llamazares, por su lado, ha dicho sentirse «avergonzado» de casos como estos y se ha quejado de que la deriva de recortes de derechos, unidos a otros sociales, llevan a un «Estado autoritario». Es por ello, que se ha comprometido a trabajar para dar marcha atrás a la Ley de Seguridad Ciudadana y a los cambios en el Código Penal y en el Antiterrorista.
También ha criticado la interpretación que se hace de determinados artículos del Código Penal para usarlos contra los que defienden su puesto de trabajo. Además, ha visto «inaceptable» que se dé toda la veracidad a la Policía y ninguna a los ciudadanos.
Por todo ello, ha mostrado su apoyo a los imputados por este caso, como también lo ha hecho Martín. Este último ha reivindicado que Gijón vuelva a ser una ciudad «rebelde» y que se comprometa con los derechos de los trabajadores. «Lo que sobran son las represalias», ha apuntado, para extender después su solidaridad a todos los que luchan por mantener el empleo.
