Palma, 25 feb (EFE).- El juez decano de Palma y portavoz de sus homólogos en España, Francisco Martínez Espinosa, ha manifestado su preocupación porque «cualquier tipo de injerencia política y partidista» en el Consejo General del Poder Judicial «puede condicionar seriamente en un futuro la buena marcha de las investigaciones que se están llevando por casos de corrupción».
Martínez Espinosa ha explicado en declaraciones a los medios realizadas en Palma que el Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha llamado recientemente la atención acerca de este hecho en un informe que ha elaborado sobre España, en el que alerta del «riesgo de politización» del órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, a raíz de las últimas reformas legislativas.
El informe del GRECO «coincide significativamente» con algunas de las conclusiones sobre carencias y amenazas en el sistema judicial acerca de las cuales vienen alertando «desde hace años» los jueces decanos y que solo han dado lugar a «promesas y planes de reforma» que han sido «reiteradamente incumplidos o aplazados», según ha explicado Martínez Espinosa.
El portavoz del comité de seguimiento de la reunión anual de los jueces decanos de España ha destacado en particular varias conclusiones del GRECO que coinciden con sus apreciaciones, como el riesgo de politización del CGPJ a raíz de las últimas reformas.
Después de que los decanos denunciaran recientemente el intervencionismo de los partidos políticos en los órganos de gobierno del poder judicial, el informe del GRECO recoge la recomendación del Consejo de Europa de que al menos la mitad de los miembros de los órganos ejecutivos de los jueces los elijan «los propios jueces».
El informe del GRECO también reclama que se definan criterios de valoración para el sistema de nombramientos y ascensos de jueces, así como la autonomía presupuestaria del poder judicial para una mayor independencia.
También advierten de la insuficiencia crónica de jueces que hay en España. Martínez Espinosa ha señalado al respecto que la media de jueces en España se sitúa en unos 9,8 por cada 100.000 habitantes cuando en la Unión Europea «es prácticamente el doble, de unos 20 jueces por cada 100.000 habitantes».
«Ese déficit se viene arrastrando con el agravante de que España tiene un índice de litigiosidad muy alto, todo se acaba judicializando, y por tanto es como si estuviera lloviendo sobre mojado», ha asegurado el decano de Palma.
Como consecuencia del informe del GRECO, los jueces decanos han señalado que: «la Administración de Justicia sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra democracia, incapaz de ofrecer a los ciudadanos un servicio público de calidad, moderno, eficaz, eficiente y adecuado a las necesidades de la sociedad actual».
Denuncian «los efectos devastadores» de las «carencias» que sufre el sistema judicial español y reclaman una justicia ágil para favorecer la seguridad jurídica.
