El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha reiterado que la Junta volverá a plantear ante el Ejecutivo nacional la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica. En comisión parlamentaria, ha expresado que el Gobierno andaluz aboga por la negociación de un nuevo sistema que «garantice que, en todos los territorios, se pueden financiar los servicios públicos con las mismas condiciones de calidad».
El vicepresidente ha señalado que éste es uno de los principales asuntos que abordará en los contactos con el nuevo Gobierno central. Según ha indicado, la nueva situación del Gobierno central, sin mayoría absoluta, «nos sitúa en un momento para empezar a poner en valor la posibilidad de encuentro entre diferentes grupos políticos para ir resolviendo situaciones de recuperación de derechos, de establecimiento de normas que ayuden a la gente y todas aquellas reformas que sean necesarias para que España avance».
En este contexto, ha valorado el acuerdo alcanzado de manera casi unánime, el lunes 28 de noviembre, entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas en torno a la ley de Educación LOMCE. En su opinión, este acuerdo «permite dar tranquilidad a la comunidad educativa, a los docentes y a las familias» y supone «el paso previo a un gran Pacto de Estado en este país, siguiendo la ruta marcada por la Proposición de Ley, aprobada en el Congreso a instancias del grupo socialista».
En la misma línea de profundización del diálogo, el vicepresidente ha señalado la celebración de la Conferencia de Presidentes. En este sentido, ha expresado su confianza en que el Gobierno cumpla con su palabra y la convoque en enero, «para tratar asuntos como la reforma del modelo de financiación autonómica».
Según ha explicado, la reforma del actual sistema de financiación «se hace imperiosa para nuestra comunidad autónoma ya que su aplicación ha supuesto que Andalucía haya dejado de recibir 4.672 millones de euros desde 2009». En este sentido, ha subrayado que Andalucía, «por estar infrafinanciada, tiene que aportar a pulmón 2.000 millones para sus servicios públicos, además de tener que sufrir los insultos injustificados por parte de otras comunidades autónomas, que no hacen más que entorpecer e ir en contra de una España más unida y solidaria».
Por todo ello, ha expresado que, mientras se consensúa un nuevo sistema, ha expresado la necesidad de que se arbitre un mecanismo compensatorio, de forma transitoria, para las comunidades que son castigadas como Andalucía, consistente en dotar de un fondo específico para las regiones infrafinanciadas o mediante la condonación de parte de la devolución del FLA.
En su opinión, este debate debe ir «más allá de una simple distribución de los recursos disponibles entre las comunidades, con el fin de definir qué financiación merecen los servicios públicos fundamentales, tales como la sanidad, la educación, la dependencia o las pensiones». Por todo ello, ha señalado la posición de la Junta en la que pide al Gobierno central que posibilite unos ingresos que correspondan a una institución descentralizada como es nuestra Administración autonómica y que son los que permiten «atender las necesidades de la ciudadanía y trabajar por una sociedad más justa e igualitaria que dé respuesta a todos».
El vicepresidente ha señalado que la defensa de esta posición es la que llevó al Gobierno andaluz a abstenerse en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ya que fijar el déficit en el 0,6%, «resulta insuficiente para Andalucía». Ha recordado que la Junta reclamaba las dos décimas adicionales concedidas por Bruselas y «que nos habrían permitido llegar al 0,7% del PIB en 2016 y, por tanto, disponer de 300 millones de euros para financiar servicios públicos».
A pesar de ello, ha destacado que Andalucía ha sido la primera comunidad en presentar los presupuestos de 2017, al tiempo que ha defendido que es una región «responsable y cumplidora con los compromisos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera», a pesar de no estar de acuerdo con el reparto.
Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía
Asimismo, el vicepresidente también ha denunciado el incumplimiento sistemático de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, por lo que ha reclamado al Gobierno central mayores inversiones y reformas estructurales para mejorar los factores económicos de Andalucía. En este sentido, ha recordado que, desde 2008 hasta 2014, se ha dejado de invertir casi 2.300 millones. A esta cifra ha sumado 227,6 millones más debido al déficit inversor también en 2015 y 2016, lo que, en su opinión, elevaría la cifra hasta los más de 2.525 millones.
Jiménez Barrios también ha lamentado la «falta de iniciativa estatal» respecto a Andalucía y, especialmente, se ha referido a «dos proyectos fundamentales para una mayor eficacia de los puertos y de la red logística de Andalucía», como son el Corredor Ferroviario del Mediterráneo o la Conexión Ferroviaria Algeciras-Bobadilla. Según ha explicado, estas infraestructuras suponen un «elemento clave para la cohesión social y territorial de Andalucía», deben ser la «llave para su renacimiento industrial y, con ello, solventar el principal problema que tiene la economía andaluza, el desempleo».
En este contexto, también ha reclamado al Gobierno central una Estrategia Global de Reindustrialización en línea con el reavivamiento de la política industrial en Europa. Asimismo, ha reivindicado un Plan Especial de Empleo para Andalucía como el de Canarias, que complemente a los importantes planes de empleo puestos en marcha por el Ejecutivo andaluz, desde el inicio de la crisis.
Junto a ello, ha señalado que el Ejecutivo andaluz aboga por una derogación completa de la Reforma Laboral «que ha precarizado el empleo mediante un aumento de la temporalidad y la caída de salarios en nuestro país». En este contexto, ha señalado que, desde el Gobierno andaluz, se apuesta por «repartir el crecimiento económico entre los que peor lo han pasado durante la crisis y, entre los que más, han colaborado, como los empleados públicos». Así, ha recordado que los trabajadores de la Junta recuperarán la jornada laboral de 35 horas semanales el próximo mes de enero y ha pedido al Gobierno central que no lo recurra, «con el fin de que los empleados públicos sigan recuperando sus derechos».
Por otro lado, el vicepresidente se ha referido al colectivo de los jóvenes andaluces con los que el Gobierno autonómico se ha volcado para facilitarles la integración a través del Sistema de Garantía Juvenil. Según ha explicado esta iniciativa fue puesta en marcha, de manera pionera en España, por el Gobierno andaluz a través de la aprobación en 2014 del Programa Emple@Joven, dotado con más de 200 millones de euros. En su opinión, este esfuerzo «dista mucho del que quisiéramos realizase el Gobierno de España», y ha anunciado que se va a reivindicar ante el Ejecutivo nacional «la revisión integral de la Garantía Juvenil en España, así como la renegociación con la UE, en coordinación con otros Estados miembros, de un nuevo calendario para la implementación y desarrollo en España del sistema».
Atención a la dependencia
Otro de los aspectos que Jiménez Barrios considera primordial abordar con el nuevo Gobierno central es el sistema de atención a la dependencia, ya que, «en el conjunto de España, ha supuesto la pérdida de 2.800 millones de euros y la generación de grandes desequilibrios en las finanzas de las comunidades autónomas». Para ello, ha señalado que el Ejecutivo andaluz ha acordado solicitar la convocatoria urgente y extraordinaria de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para «impulsar, a través de un gran Pacto de Estado, un sistema de financiación que permita a las comunidades cumplir con sus obligaciones y no sostener -como hace Andalucía– más del 78% del coste del sistema, pese a que la legislación nacional establece una cofinanciación del 50%».
Junto a ello, ha apuntado que la Junta apoya el acuerdo y consenso de todas las fuerzas políticas en torno a un gran Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Asimismo, también ha manifestado la apuesta del Gobierno andaluz por evitar que las pensiones de viudedad tengan un tratamiento diferenciado o se conviertan en no contributivas, apoyando su mantenimiento dentro del Sistema Público de pensiones como garantía de los derechos de cotización y los derechos consolidados.
Finalmente, ha recordado la posición de la Junta por impulsar una nueva reforma local que acomode a los nuevos tiempos a las administraciones más cercanas a la ciudadanía, mediante la participación y el consenso básico no sólo de las fuerzas políticas, sino también de todas las administraciones afectadas.
En tal sentido, ha indicado que el Gobierno andaluz apuesta también por mejorar la financiación municipal que permita a las Corporaciones Locales ejercer sus competencias, así como la prestación de los servicios públicos a sus ciudadanos con todas las garantías a través de una financiación suficiente para ello, sin poner en peligro la estabilidad presupuestaria del conjunto del país.
En definitiva, ha expresado su deseo de que, en el inicio de esta Legislatura, el Gobierno de la Nación inaugure «un nuevo tiempo político buscando el acuerdo político y social para revertir las políticas más dañinas que puso en marcha, en su anterior etapa, y que tanto dolor y perjuicio han causaron a los ciudadanos y ciudadanas, así como a las instituciones de este país».
