Oviedo, 7 mar (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha defendido hoy el mantenimiento del concierto económico vasco y del convenio con Navarra al recordar que están incluidos en la Constitución, pero ha abogado por «cambiar el cálculo de los cupos», que ahora son «la caja negra de la financiación española».

En una entrevista con la Televisión de Castilla y León, Fernández ha recordado que los regímenes forales están contemplados en la Constitución y ha considerado que «desde el punto de vista político» no interesa «abrir otro conflicto en relación al sistema».

No obstante, ha opinado que el actual cupo que se aporta al Estado está «mal calculado» y es «muy opaco», hasta el punto de constituir «la máquina enigma, la caja negra de la financiación española», y por ello se ha mostrado partidario de «cambiar el cálculo».

El objetivo, ha ahondado, es «que los resultados puedan convencer al sistema general porque no tiene por qué haber estas diferencias», derivadas del hecho de que el País Vasco y Navarra «no contribuyen a determinados mecanismos de solidaridad» a pesar de ser las comunidades «que más renta tienen».

Fernández, quien ha abogado por no llevar el debate de la financiación a un conflicto territorial, ha insistido en su rechazo a vincularla a las balanzas fiscales, donde se incluyen conceptos como las pensiones, que «no tienen un carácter territorial.

Asturias, al igual que Castilla y León, defiende que haya un nivel de prestación de servicios públicos de calidad «estándar», igual para todas las regiones.

Así, a diferencia de otras posturas que defienden relacionar la financiación a la población o a la «potencia recaudatoria», el Principado quiere que se vincule al coste de la prestación del servicio, ha explicado Fernández, ya que hay que tener en cuenta que no es lo mismo prestar la educación en una zona urbana que en una rural, o que las personas mayores utilizan más la sanidad, algo relevante para las regiones más envejecidas.

«Más que en el número de personas hay que pensar en los usuarios, quiénes los usan y cuánto los usan», para saber «cuánto cuesta prestar una unidad de servicio público» en cada región, ha añadido.

Fernández ha dicho desconocer si hay alguna comunidad que esté negociando de manera bilateral, pero ha advertido de su rechazo a esa posibilidad porque se trata de un «asunto multilateral por excelencia».

Además, se ha referido también al problema de envejecimiento de la población que afecta a comunidades como Asturias, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja, que han constituido un frente común para reclamar al Gobierno central un plan estratégico.

En este aspecto, ha insistido en que se trata de un problema «extraordinariamente serio» que hay que «no hay que abordar con demagogia ni con políticas de corto plazo sino políticas de medio y largo plazo».

Respecto al futuro de la minería, otro asunto de preocupación común para Asturias y Castilla y León, Fernández ha dicho no entender la postura de la UE porque «en Europa no hay una política del carbón» ya que «las únicas políticas de verdad» en la UE son «la política agraria común y la política de competencia».

El presidente asturiano ha llamado la atención sobre el hecho de que la UE lleva tiempo abogando por la limitación de las ayudas «en función de esa política de competencia», algo que ha considerado que «no tiene sentido» porque «no existe comercio intracomunitario del carbón».

«Nunca he entendido esa animosidad de poner final a las ayudas», ha insistido Fernández, quien ha remarcado que es «indispensable» que el sector perviva con una «dimensión razonable» más allá de 2018, cuando finalizarán las ayudas públicas.