MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) – l grupo parlamentario de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), para evitar un nuevo veto del PP en la Mesa del Congreso a la moción derivada de la interpelación al Gobierno sobre el ‘caso Bárcenas’, ha presentado un texto en el que, en lugar de rechazar expresamente la actuación del presidente Mariano Rajoy, dirige su reproche a «la política general de comunicación» del Ejecutivo.
Eso sí, en la nueva moción registrada en el Congreso se mantiene la petición de crear una comisión de investigación sobre las finanzas de los partidos políticos, de acelerar la reforma del Reglamento del Congreso y de aprobar un plan de lucha contra la corrupción con medidas concretas.
El portavoz parlamentario de la Izquierda Plural, José Luis Centella, ha explicado que su grupo ha mantenido contactos con la Presidencia del Congreso para nueva redacción del texto y ha dicho esperar que la Mesa de la Cámara esta vez no ponga reparos a la iniciativa.
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Tras tildar de ‘versallesco’ el «juego» en el que ha entrado el Congreso buscando las «palabras» adecuadas para lograr que las iniciativas de los grupos puedan ser debatidas, Centella ha señalado que la Izquierda Plural ha «escuchado» las ‘recomendaciones’ de la Presidencia de la Cámara y de su equipo técnico, pero sin renunciar a su voluntad de que «se discuta y se vote el tema de fondo».
«Estamos convencidos de que hay voluntad por parte de la Presidencia de buscar un punto de encuentro, espero que sea éste, pero eso lo tendrá que decidir la Mesa», ha comentado Centella, incidiendo que en la Izquierda Plural no busca «la confrontación» pero que no se puede «dar por sentado que el presidente del Congreso sea intocable en el Parlamento».
Así, ha hecho hincapié en que su iniciativa está amparada por el Reglamento y en que debe «quedar claro» que la Cámara puede valorar las palabras del presidente sin que eso sea una «moción de censura encubierta», como argumentó el PP.
En este contexto, la nueva moción sólo difiere de la original en su primer punto. Si antes se buscaba que la Cámara manifestase «su rechazo al comportamiento» de Rajoy en su comparecencia del 1 de agosto en el Senado, ahora se propone que el Pleno rechace «la política general de comunicación del Gobierno» con la Cámara «por su falta de transparencia y rigor».
Esa ausencia de «transparencia y rigor» pudo, según la nueva redacción, «evidenciarse particularmente» con las explicaciones ofrecidas por Rajoy en la sesión extraordinaria de agosto, «al quedar en entredicho las manifestaciones vertidas en sede parlamentaria sobre su relación con Luis Bárcenas, extesorero del PP, y la supuesta trama de financiación ilegal de su partido».
Es suma, el reproche que busca IU-ICV-CHA no se centra en el presidente del Gobierno, pues el PP mantiene el criterio de que ello sólo puede hacerse mediante una moción de censura, sino que se generaliza y ahora afecta también a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que es la responsable de la política de comunicación del Ejecutivo.
REFORMA DEL REGLAMENTO
El resto de la moción se mantiene en los mismos términos que la que se topó con el veto del PP en el órgano de gobierno de la Cámara. Así, la Izquierda Plural vuelve a plantear que la reforma del Reglamento del Congreso se aborde ya y que se cree una comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos.
Centella ha apuntado que esa comisión de investigación debería tratar, por ejemplo, asuntos como la posibilidad de que las donaciones ilegales puedan llegar a desgravar a Hacienda, ya que, en su opinión es «rocambolesco y esperpéntico» que se puedan obtener beneficios fiscales en función de algo «que no es legal».
Izquierda Plural también insiste en su moción en que el futuro plan de lucha contra la corrupción que impulse el Gobierno incluya entre otras cuestiones, medidas contra el fraude fiscal y la evasión de capitales, más control sobre los contratos públicos, la reforma del régimen de incompatibilidades de los cargos públicos, la reforma del Tribunal de Cuentas, una nueva regulación sobre la financiación de las campañas electorales y la modificación de la ley de Financiación de Partidos.
