Madrid, 8 nov (dpa) – El debate sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas que se firman en España, una cuestión que implica millones de euros, derivó esta semana en un duro pulso a tres entre la banca, el Tribunal Supremo y el Gobierno de Pedro Sánchez.
El mandatario socialista sorprendió el miércoles al anunciar un cambio en la ley que obligará a los bancos a pagar este polémico impuesto y que contradice la controvertida decisión tomada horas antes por el Supremo español, que cargó el gravamen a los clientes.
Todo comenzó cuando el alto tribunal decidió a mediados de octubre cambiar el criterio mantenido durante más de dos décadas para obligar a los bancos a pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que se paga al firmar una hipoteca.
La protesta desde el mundo financiero y sus advertencias llevaron a los magistrados a anunciar otra sesión para revisar la sentencia por su «enorme repercusión económica y social», lo que provocó una situación de incertidumbre jurídica durante varias semanas y la paralización de operaciones hipotecarias en el país, donde la venta de viviendas está al alza.
Cuando el martes, tras dos días de deliberaciones en una sala totalmente dividida, el Supremo anunció una decisión final que beneficiaba a los bancos sobre los clientes, el Gobierno decidió dar un paso al frente para «precisar con toda claridad quién ha de cumplimentar el impuesto» y atribuirlo a la banca.
La reforma legal fue aprobada hoy por el consejo de ministros y entrará en vigor el sábado. A partir de entonces, las entidades financieras tendrán que asumir un impuesto que supondrá para sus arcas un coste de cientos de millones de euros.
Desde algunos de los bancos más importantes de España, como el Santander, cuestionaron el cambio de las reglas del juego.
La agencia crediticia Moody’s advirtió además de que la medida del Gobierno puede llevar a las entidades a encarecer las hipotecas y, por tanto, a repercutir el coste sobre el cliente con comisiones o con un subida de los tipos de interés.
Lo que el Ejecutivo defiende como un gesto de «responsabilidad» y «rapidez» ante un problema que «afecta a millones de ciudadanos», otros sectores lo achacan a una decisión demagógica y electoralista que no tiene más objetivo que recabar votos.
«Si el deplorable espectáculo ofrecido por el Supremo en la crisis hipotecaria ha retratado la grave irresponsabilidad de los magistrados, la reacción sobreactuada de nuestros dirigentes retrata la demagogia que practica gran parte de la clase política», expresó hoy en su editorial el diario «El Mundo».
Para otro de los rotativos más leídos en España, «El País», la decisión es «acertada y soluciona en buena parte la inseguridad jurídica que habían provocado» las sentencias judiciales.
«El gran perdedor de la crisis de las hipotecas es el Tribunal Supremo», destacó el diario recogiendo los cuestionamientos que en los últimos días sufrió el tribunal.
El propio Sánchez llamó a los magistrados a hacer «una reflexión» y «autocrítica» en un momento delicado, después de que la Justicia de países como Bélgica o Alemania se distanciaran de la línea del Supremo en la causa del proceso independentista catalán.
Tribunales de estos países se negaron a entregar a España a políticos independentistas como ex presidente catalán Carles Puigdemont, que se fugaron de España para evitar ser detenidos como sospechosos de un delito de rebelión por sus planes de ruptura con el Estado.
Por Ana Lázaro Verde (dpa)
