Madrid, 17 may (dpa) – Baltasar Garzón conoce bien la Justicia Universal: en ella basó la orden de arresto de Augusto Pinochet en 1998 en Londres. Más de 15 años después de aquel hito, el ex juez español auspicia en Madrid un congreso sobre un principio que el gobierno de Mariano Rajoy convirtió en papel mojado hace poco.
Bajo el título «Jurisdicción Universal en el siglo XXI», el ex magistrado de la Audiencia Nacional española reúne entre el martes y el viernes a medio centenar de expertos de 15 nacionalidades que defenderán que las víctimas son universales y merecen justicia.
La organizadora de la cita es la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIGBAR), que el juez creó después de que el Tribunal Supremo español lo inhabilitara en 2012 durante 11 años.
La Justicia Universal es «un principio cuestionado por el poder político, desconocido por el poder económico y rechazado por razones diplomáticas», apunta la fundación de Garzón.
Entre los expertos que se reunirán en Madrid en mesas redondas y conferencias están el único fiscal vivo del juicio de Nuremberg, Benjamin B. Ferencz, y la premio Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi.
Acuden también el argentino Luis Moreno Ocampo, ex fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI); el ex ministro de Exteriores israelí Shlomo Ben Ami, vicepresidente de la fundación de Garzón, así como jueces, abogados y fiscales que participaron en persecuciones judiciales por delitos de lesa humanidad en España y América Latina.
Es un ejercicio de presión sobre el Ejecutivo de un país que tras el paso dado por Garzón de 1998 se convirtió en un referente mundial en la persecución de genocidas, criminales de guerra y torturadores que sus naciones de origen no enjuiciaban, pero que ahora tiene las manos atadas para proseguir.
Se celebra «para reflexionar sobre la situación actual en España y en el mundo y hacer lo que el Partido Popular y el gobierno español no hicieron antes de proferir la reforma de esa ley», decía Garzón esta semana. «Podemos cambiar el curso de los acontecimientos y la razón está de nuestra parte», asegura el ex juez.
El PP impuso en el Parlamento español una reforma exprés después de que se abriera una crisis diplomática con China por la investigación de la Audiencia Nacional contra el ex presidente Jiang Zemin y otros cuatro ex altos funcionarios del régimen comunista por genocidio en el Tíbet en los años 80 y 90.
Su entrada en vigor, el 14 de marzo, supone de facto el fin de la decena de causas abiertas en el tribunal, como la muerte del camarógrafo español José Couso en Irak a manos del Ejército estadounidense, los vuelos de CIA o el asesinato de jesuitas en El Salvador en 1989.
Pero el cierre no ha llegado aún porque los jueces están dando la batalla para impedirlo, agarrándose a las lagunas legales que habría en la redacción de una ley hecha con prisas. El camino para llevarla ante el Tribunal Constitucional está en marcha. Y los partidos de la oposición siguen levantando la voz contra ella en el Parlamento.
Lo sucedido, en palabras de Garzón, es una «agresión planetaria», una reforma «a quemarropa». «Todas las víctimas son universales», sostiene.
La reforma ha reducido la persecución del genocidio y los crímenes de lesa humanidad a los casos en los que los responsables son españoles o extranjeros que viven en España o cuya extradición se haya denegado. Las víctimas tienen también que ser españolas y no pueden haberse nacionalizado tras sufrir los hechos a perseguir.
En los algo más de 15 años que transcurrieron desde aquella orden de detención internacional que dejó atrapado a Pinochet en Londres, la Audiencia Nacional española abrió, por ejemplo, investigaciones de los crímenes de la dictadura argentina, el genocidio en Guatemala, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria durante la dictadura en Chile o las torturas en Guantánamo.
Solo el ex militar argentino Adolfo Scilingo fue juzgado y condenado. Pero los expertos y defensores de los derechos humanos defienden que el impacto que tienen estos casos es importante y recuerdan que la inicitiva española sirvió para que países como Argentina o Chile enjuiciaran los crímenes de su propio pasado.
Asociaciones españolas de jueces y fiscales aseguran que la reforma contraviene los convenios internacionales en los que España es parte y no solo desproteje a las víctimas en general, sino a las españolas en particular. «Es difícil que un español sea un genocida, pero es más fácil que pueda ser víctima de genocidio fuera de España», en palabras de un juez español.
Por Sara Barderas
