Una ley «buena y necesaria» pero mal financiada por parte del Estado. Así ha valorado la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, el desarrollo de la Ley de Dependencia, 10 años después de su puesta en marcha, en mayo del año 2007.
La consellera ha apuntado que la ley supuso la creación del derecho a la atención a las personas en situación de dependencia y que ya es una ley consolidada. Por otra parte, Santiago cree que se ha enfocado mayoritariamente en la atención a las personas mayores pero que «necesita repensarse» en relación en la autonomía personal de las personas con discapacidad o diagnóstico de salud mental. La consellera también ha apuntado la necesidad de una mayor implicación económica por parte del gobierno central, al cual también se le reclama la creación de un plan de infraestructuras que garantice los mismos recursos a los ciudadanos y ciudadanas de las diferentes comunidades autónomas. «Sería justo que el estado pagara el 50%» del coste de la dependencia y «así tendríamos una financiación justa» ha dicho la consellera.
En diez años, en las Illes Balears, 31.341 personas se han beneficiado del sistema de dependencia. De estas ayudas, 23.849 han sido prestaciones económicas y 7.653 en servicios (5.210 servicio residencial, 1.891 servicio de centro de día y 463 Ayuda a domicilio).
Desde la puesta en marcha de la ley, se han creado 2.392 plazas residenciales (se ha pasado de 313 el año 2009 a 2.705 el año 2016) y 1.769 plazas de centro de día (303 el año 2009 a 2.072 el año 2016).
Por otra parte, la creación de plazas y servicios se ha acompañado de la creación de creación de empleo. «No se tiene que ver sólo como un gasto relacionado con la calidad de vida de los ciudadanos, sino también como un sistema de creación de puestos de trabajo», ha apuntado la consellera, que contribuye a desarrollar un modelo económico diferente. En estos diez años, en las islas, se han creado 2.627 puestos de trabajo ligados a la atención a la dependencia, 224 de los cuales se crearon el año pasado.
En total, el Govern ha invertido 635 millones de euros a desarrollar la Ley de Dependencia en las islas, de los cuales, el Estado ha costeado 195 millones. Por conceptos, 298 millones se han destinado a abonar las prestaciones de ayuda económica y atrasos, mientras que la financiación de plazas residenciales y centros de día, personal administrativo, valoradores y otros gastos ha ascendido a 337 millones de euros.
