Managua, 9 sep (dpa) – El Gobierno de Estados Unidos endureció el fin de semana sus advertencias a la administración de Daniel Ortega en Nicaragua, mientras el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llamó a la comunidad internacional a «asfixiar a la dictadura que se viene instalando» en el país centroamericano.
La vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, exigió el sábado la excarcelación de seis jóvenes detenidos por la Policía, entre ellos el dirigente universitario Edwin Carcache, representante de la opositora Alianza Cívica en el diálogo nacional.
«Estos estudiantes son el más reciente ejemplo de los miles de ciudadanos que han manifestado pacífica y democráticamente contra las acciones del Gobierno, solo para terminar siendo hostigados, detenidos, desaparecidos o incluso asesinados», declaró Nauert en un comunicado titulado «Criminalización de la protesta en Nicaragua».
Si bien cinco de los detenidos fueron liberados, Carcache sigue bajo arresto y fue acusado por un jefe de Policía de graves delitos, incluido el de «terrorismo, sin ser remitido hasta hoy a los tribunales como establece la ley.
El pronunciamiento del Departamento de Estado estuvo precedido por duras declaraciones del secretario de la OEA, a quien la oposición nicaragüense hasta hace poco le recriminaba por no condenar a Ortega como lo hace con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
En un discurso ante la XV Cumbre Latinoamericana celebrada el viernes en la ciudad de Miami, Almagro comparó la situación de Nicaragua con la de Venezuela, a propósito de la renuencia de Managua de volver al diálogo con la oposición suspendido en julio pasado.
«Es inadmisible que otro país del continente se vaya por el despeñadero de la dictadura. Debemos también ser conscientes que no podemos permitir y que debemos en cada caso dar la respuesta desde la comunidad internacional para asfixiar la dictadura, también, que se viene instalando en Nicaragua», afirmó.
Después de reunirse el jueves con campesinos, estudiantes y otros miembros de la sociedad civil del país que le presentaron denuncias sobre abusos a los derechos humanos, el diplomático uruguayo dijo tener informes de que en las cárceles nicaragüenses existen más de 1.000 presos políticos.
«No es posible llevar adelante el sentido humano de la política y ser insensibles a la tortura, al asesinato, a la violación, a la existencia de presos políticos. Es inadmisible cualquier forma de permisividad con esos casos”, insistió.
Ortega, con quien Almagro pactó en 2017 un plan de reformas electorales para dar «transparencia» a los próximos comicios, vetó en agosto el ingreso al país de un «grupo de trabajo» integrado por 12 Estados miembros de la OEA para dar seguimiento a la crisis.
El Gobierno también ha bloqueado el trabajo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita al ente hemisférico, que aseguran no haber recibido información oficial sobre investigaciones forenses, denuncias de asesinatos, detenciones e incluso torturas a detenidos.
También a fines de agosto, Ortega expulsó a una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que un día antes había presentado un informe muy crítico, en el cual condenó la «represión y represalias» contra manifestantes civiles.
Al discutir por primera vez el tema de Nicaragua en el Consejo de Seguridad de la ONU, diez países (entre ellos Estados Unidos, Francia, Holanda, Reino Unido, Perú y Costa Rica) instaron al presidente de Nicaragua al cese de la represión, el desarme de los grupos paramilitares y la reactivación del diálogo.
Ortega había anunciado que invitaría a la ONU a mediar en otro intento de diálogo nacional. Sin embargo, al ser entrevistado el viernes pasado por la emisora alemana Deustche Welle en Managua, descartó volver a sentarse con la oposición y dijo que ahora trabaja en un diálogo «desde la base».
En las más recientes manifestaciones sandinistas, en las que el Gobierno movilizó a miles de empleados públicos y agrupaciones barriales, Ortega pronunció encendidos discursos contra lo que llama «el terrorismo golpista, alimentado por el imperio norteamericano».
«A los Estados Unidos les decimos que si quieren contribuir a la paz, lo mejor que pueden hacer y deben hacer es no meterse con Nicaragua, respetar a Nicaragua», exclamó el ex guerrillero de 72 años, cuyo primer Gobierno en la década de 1980 enfrentó una guerra de miles de «contras» apoyados por la administración de Ronald Reagan.
La crisis de Nicaragua estalló en abril pasado con una protesta estudiantil y se agravó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares contra manifestantes civiles. Según la CIDH, más de 320 personas murieron, si bien ONGs de derechos humanos elevan la cifra a 481 y el Gobierno registra 198 muertes.
Por Gabriela Selser (dpa)
