Madrid, 9 dic (EFE).- El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha destacado hoy el «significativo descenso» en el coste y número de campañas publicitarias de la Administración General del Estado, en los años 2010, 2011 y 2012.
Álvarez de Miranda ha comparecido ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas para explicar el informe de fiscalización sobre los contratos de publicidad y comunicación institucional de los distintos ministerios de los años 2010 a 2012.
«En el conjunto de la Administración General del Estado y de sus organismos, se ha comprobado un significativo descenso en el coste y número de campañas realizadas en 2012», ha destacado el presidente del Tribunal de Cuentas, antes de añadir que en 2010 se realizaron 86 campañas con un coste de 80,8 millones de euros, mientras que en 2012 se efectuaron 45 campañas, que costaron 19,8 millones.
Por lo que se refiere a los ministerios incluidos en el ámbito de esta fiscalización: Fomento, Industria, Energía y Turismo, Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y los organismos del Instituto de la Mujer y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, Sánchez Miranda ha destacado que se pasó de 38 campañas en 2010, con un coste de 26,8 millones de euros, a 13 campañas en 2012, con un coste de 3,7 millones.
En la presentación del informe, Álvarez de Miranda ha destacado que el contenido de los informes anuales no permite alcanzar plenamente el objetivo de evaluar las campañas para asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos públicos.
A este respecto, Álvarez de Miranda ha señalado que «la información proporcionada por los ministerios y organismos a la comisión de publicidad para la elaboración del informe anual no era exacta».
En cualquier caso, ha señalado que «de manera general, las campañas analizadas cumplieron las disposiciones establecidas en la ley, resultando sus contenidos coherentes con la actividad y funciones de las entidades que las realizan y respetando la prohibición de su no ejecución el periodos electorales».
El Tribunal de Cuentas ha recomendado a la Comisión de Publicidad que la información proporcionada por los ministerios sea más homogénea, delimitando con mayor precisión los conceptos y contenidos de publicidad y comunicación, y que se establezcan mecanismos para a evaluación de las campañas.
En respuesta a la petición de una moción sobre las encomiendas de gestión, hecha por el diputado del PSOE Juan Luis Gordo, Álvarez de Miranda ha dicho que el Tribunal de Cuentas está terminado un «informe evaluador» sobre este asunto y que ha sido llevada a cabo por los distintos departamentos ministeriales.
Gordo ha asegurado que el origen de esta fiscalización se encuentra en el «llamado caso Zaplana» cuando el entonces ministro de Trabajo «persuadió a los pensionistas con las políticas sociales del PP.
Desde el PP, el diputado Eloy Suárez ha respondido a las críticas de Gordo, a quien ha acusado de «llevar al límite, la doble vara de medir», y de realizar una intervención de carácter «sectario».
